La guerra de los mapas entre Argentina y Chile: una mirada desde Chile

Pablo Lacoste

HISTORIA Nº35, Santiago 2002, 211-249

Abstract

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Through schools, newspapers, and military quarters from Argentina and Chile, it is taught that the neighbor country is always the expansionist and lands robber one. To argentinians, all lands to the south of the Bío-Bío belonged to Río de la Platas Viceroyalty, and therefore, they should be now argentinian; to chileans, the Patagonia/would have been owned by Chile until the 1881s Treaty, which Chile/would have signed under pressure, since the Pacific War was taking place at that moment. This article shows that both positions are untrue, since some documents, antecedents and royal dispositions havent been taken into consideration by these two countries; antecedents showing new information which supports the opponent positions. Serious mistakes are described and explained through new documentary evidence, mistakes which are already standardized in both, argentinians and chileans historiography.

Keywords: .

 

LA GUERRA DE LOS MAPAS ENTRE ARGENTINA Y CHILE:
UNA MIRADA DESDE CHILE

Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile se han desarrollado durante muchos años sobre ciertas desconfianzas mutuas porque en cada país se ha enseñado la historia presentando al vecino como expansionista y sustractor de territorio. Y ello ha pasado de los mapas al manual, de allí a la escuela y la prensa, y finalmente a los pasillos de las cancillerías y embajadas.

Un buen ejemplo de estos desencuentros se reflejó en la Embajada Argentina en Santiago, el 6 de agosto de 1970, en víspera de las elecciones presidenciales en Chile. El embajador Javier Gallac invitó al candidato de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic. Se conversó sobre varios temas, incluyendo los asuntos limítrofes. Tomic señaló al respecto: “En esta cuestión de límites existe siempre una gran sensibilidad y así como consecuencia de la Guerra del Pacífico -y de esto hace ya cien años- se mantiene en Perú y Bolivia una sensibilidad muy especial que nosotros los chilenos no podemos comprender, porque consideramos historia ya terminada…

“Usted, señor Embajador, habla con mentalidad de país vencedor; hemos tenido conflictos, aunque felizmente nunca hemos llegado a la violencia, y al vencedor siempre le es más fácil olvidar lo ocurrido que al vencido. En Chile usted va a encontrar mucha gente que piensa que hubo cancilleres y embajadores que no hicieron valer los derechos del país, que por eso perdimos la Patagonia”.

El embajador argentino escuchó atentamente estas palabras pero no pudo comprender muy bien de qué le hablaban. No conocía la Historia de Chile. No estaba enterado que Tomic estaba transmitiendo el pensamiento estandarizado en todas las escuelas y universidades chilenas. Al contrario, las ideas que Gallac tenía en la cabeza, aprendidas también en el aula, pero de escuelas argentinas, eran exactamente inversas. Se apuró entonces a responder de acuerdo al lenguaje diplomático, y señaló que: “La coincidencia en esta materia era muy difícil de lograr, pues también del otro lado de los Andes había argentinos que pensaban que habían tenido embajadores flojos y cancillerías poco hábiles frente a una política activa, inteligente y coherente por parte de Chile con relación a los problemas limítrofes”1.

Este diálogo, en su esencia, se ha reproducido numerosas veces en las relaciones bilaterales, no solo en el campo diplomático, sino también en el campo empresario, académico, profesional, militar, entre otros. Ello es así porque se ha estandarizado, en Argentina y Chile, una percepción del país vecino como expansionista y sustractor de territorio. Cada día, millones de niños argentinos y chilenos estudian en la escuela con mapas históricos según los cuales la nación trasandina ha despojado al propio país de centenares de miles de kilómetros cuadrados de territorio. La causa de este despojo se encontraría en una cancillería entreguista, en una política exterior claudicante y en un vecino voraz y ambicioso.

Estas tesis no están restringidas a los historiadores militares, tan proclives a mostrar amenazas inminentes en los países vecinos para justificar sus reclamos de mayor presupuesto y carreras armamentistas. En efecto, estos mapas son publicados por los más prestigiosos historiadores actuales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Chile. También circulan en los manuales escolares de nivel básico y medio, avalados por los Institutos Geográficos Militares de Argentina y Chile y por los respectivos Ministerios de Educación. Además, han sido difundidos por las más prestigiosas editoriales de ambos países, como Editorial Sudamericana, en la Argentina, y la Editorial Universitaria, dependiente de la Universidad de Chile.

Los mapas y manuales argentinos aseguran que, hasta 1810, todo el actual sur de Chile pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Ello incluye los territorios ubicados al sur del río Biobío, incluyendo la Araucanía, la ciudad de Valvidia, la isla de Chiloé, todo el Estrecho de Magallanes y la Patagonia chilena. De acuerdo al Tratado de 1856, que estableció el principio de Uti Possidetis Iuris, todos estos espacios debían pertenecer a la Argentina. Sin embargo, Chile desarrolló una política fuertemente expansionista, con un hito clave en la fundación del Fuerte Bulnes (1843), lo cual le permitió apropiarse de territorios que no le correspondían.

Por su parte, los mapas y textos chilenos señalan que, hasta 1810, toda la actual Patagonia argentina pertenecía al Reyno de Chile. Aseguran que la frontera pasaba por los ríos Diamante (en el centro de la provincia de Mendoza), y por el río Negro. De acuerdo al Tratado de 1856, que estableció el principio de Uti Possidetis Iuris, todos estos espacios debían pertenecer a Chile. Sin embargo, Argentina desarrolló una política fuertemente expansionista que se reflejó en la Campaña al Desierto del general Roca. El golpe de gracia se produjo en el Tratado de 1881, cuando la Chile debió comprar la neutralidad argentina en la Guerra del Pacífico a un costo de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Chile debió cederle la Patagonia a la Argentina para evitar que esta se aliara con Bolivia y Perú.

Tras confrontar las dos premisas anteriores se llega a una conclusión clara: alguien miente entre los historiadores del Cono Sur. O mienten los chilenos o mienten los argentinos. Pero es imposible que ambos digan la verdad. Tenemos entonces un problema, porque existen afirmaciones falsas que se han difundido masivamente en ambos países.

Esta irregularidad fue detectada por los gobiernos nacionales de Argentina y Chile, que convocaron a historiadores de Buenos Aires y Santiago para efectuar una revisión de los textos escolares, liderados por Luis Alberto Romero, Hilda Sábato y José Antonio Garretón. Durante varios años los colegas trabajaron para tratar de resolver el problema. Finalmente, lograron algunos avances. Concluyeron que lo ideal es no mencionar los temas territoriales en los manuales escolares, pues por ese camino no se podrían conciliar los enfoques de las tradiciones historiográficas de cada país.

La propuesta de Romero y Garretón es interesante. Efectivamente, casi la totalidad de los espacios que los manuales escolares dedican al país vecino, se restringe a las cuestiones territoriales y limítrofes. Sería muy conveniente dedicar ese espacio a otros temas comunes, como la historia del Ferrocarril Trasandino, los flujos migratorios, las redes de intelectuales y escritores, el intercambio comercial, las carreteras, los fenómenos deportivos y otros temas.

De todos modos, los estudios mencionados no han logrado resolver la cuestión de fondo. ¿Quién miente y por qué en la cuestión de los mapas y la evolución histórica de la frontera? Evidentemente, para resolver un problema de esta envergadura era necesario realizar una investigación profunda que tienda a resolver los siguientes puntos:

Primero: cuáles eran los límites administrativos dispuestos por la Corona española entre el Virreinato del Río de la Plata y el Reino de Chile en vísperas de 1810. Ello implicaba cruzar los documentos reivindicados por la cancillería chilena con las fuentes esgrimidas por el gobierno argentino en los debates territoriales. En este sentido había que superar las tendencias parciales de cada país, cuyos intelectuales procuraban minimizar los argumentos del otro, y enfatizar los propios.

Segundo: una vez detectado el mapa definido por el Rey antes de 1810, es necesario estudiar el proceso de deformación de los mapas. Hay que examinar qué historiador chileno inventó el mapa que atribuye a su país derechos sobre toda la Patagonia, y viceversa del lado argentino.

En resumidas cuentas, el objetivo del trabajo es describir y explicar el proceso por el cual se construyó en Argentina y en Chile una imagen distorsionada del país vecino, propuesta que luego se estandarizó a través de la escuela y la prensa. Una vez alcanzado este objetivo, el paso siguiente es elaborar una propuesta superadora que se ajuste más a la verdad histórica y permita emplear el mismo mapa en los manuales escolares de ambos países.

La realización de esta tarea tiene un serio obstáculo: ¿cómo lograr un resultado imparcial? En efecto, si el trabajo lo realiza un investigador argentino, dentro de una universidad argentina, dirigido y evaluado por historiadores argentinos, puede ser acusado de priorizar los intereses de su país. Y a la inversa si la tarea la realiza un historiador chileno dentro de Chile.

Para superar esta dicotomía, se encargó este trabajo a un investigador argentino, profesor titular de una universidad argentina e investigador del CONICET. Con estos antecedentes, el autor se instaló tres años en Chile y realizó una tesis doctoral en la Universidad de Santiago, dirigida por el profesor chileno Joaquín Fermandois, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La tesis fue evaluada por un tribunal compuesto por un inglés y tres chilenos: el doctor Ian Thomson (CEPAL); la doctora Carmen Norambuena Carrasco, directora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago; el doctor Iván Witker, director de la Mención Relaciones Internacionales del Doctorado de dicha universidad y funcionario del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile, y el mencionado doctor Fermandois. La tesis fue aprobada por unanimidad, y en el momento de comunicar su resultado, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago señaló que la misma “marca un hito en nuestra historia nacional”. Además, adelantó que la citada facultad se iba a ocupar de la publicación de dicha tesis, compromiso que se cumplirá tal vez hacia fines de este año2.

La tesis demostró que el Tratado de Límites firmado por Argentina y Chile en 1881 y los tratados posteriores (incluyendo el laudo del Beagle) se ajustaron al principio de Uti Possidetis Iuris de 1810. Es decir, respetó las divisiones administrativas dispuestas por la Corona española entre el Virreinato del Río de la Plata y el Reino de Chile. Argentina poseía la Patagonia en la época colonial y Chile poseía la Araucanía, Valdivia, Chiloé, el Estrecho de Magallanes, el Beagle y el Cabo de Hornos. Por lo tanto, ni Argentina ha despojado a Chile de territorio ni viceversa.

Por razones de espacio, es imposible comprimir una tesis de 400 páginas en un artículo como el presente. Pero se pueden seleccionar los aspectos más relevantes para el público de cada publicación. El autor ha elaborado un informe para publicar en Argentina, en el cual se dé a conocer aquellos aspectos que la historiografía chilena no ha considerado, para demostrar los errores de los mapas que actualmente circulan en ese país. Y a la vez, en el presente escrito, nos proponemos dar a conocer en Chile los fundamentos que muestran las falencias de los mapas que hoy circulan en los manuales chilenos.

1. LOS MAPAS ESTANDARIZADOS Y SUS FUNDAMENTOS

Los mapas que actualmente se han estandarizado en los manuales de Historia de Chile, explican la evolución territorial de ese país en una serie de documentos. Como punto de partida, los historiadores chilenos consideran las Reales Cédulas de 1554, 1555 y 1558, por las cuales la Corona española dispuso que la Gobernación de Chile se extendía del desierto de Atacama hasta el Estrecho de Magallanes, con un ancho de cien leguas desde el Pacífico hacia el este. Ese era el territorio original. Posteriormente, la Corona española separó de Chile la Gobernación de Tucumán, mediante Real Cédula de 1563; más tarde, el rey Carlos III hizo lo mismo con Cuyo, que fue incorporado al Virreinato del Río de la Plata en 1776. Pero, de acuerdo a la tradición historiográfica chilena, la Corona nunca separó la Patagonia del Reyno de Chile. Por ende, hacia 1810, este territorio todavía pertenecía a la Capitanía General y, por ende, fue heredado por la República de Chile. Esta es la lectura compartida por todos los historiadores chilenos de la segunda mitad del siglo XX, incluyendo Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre y Sergio Villalobos. Institucionalmente, esta tesis es compartida por los colegas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.

Del lado argentino, la tradición historiográfica considera otros documentos. Los más importantes son las reales cédulas por las cuales se implantó el sistema de intendencias en el Reino de Chile (1786), que quedó dividido en dos intendencias: la de Santiago y la de Concepción. La primera se extendía del desierto de Atacama hasta el río Maule y desde la cordillera al Pacífico. La segunda se prolongaba del Maule hasta la Araucanía, desde la cordillera al Pacífico. Estas disposiciones habrían dejado sin efecto las reales cédulas de mediados del siglo XVI. Además, al no existir la res nullius (tierra de nadie), todos los territorios del Biobío hacia el sur debían pertenecer el Virreinato del Río de la Plata hacia 1810. Y por lo tanto, les correspondía a su heredero histórico, es decir, la República Argentina. Con estos criterios se han elaborado todos los mapas que circulan en los manuales de las escuelas argentinas en las últimas décadas. Autores como Diego Luis Molinari, Elena Chioza, Daniel Santamaría, Randel, Enrique Tandeter y Juan Suriano han aprobado, legitimado y difundido mapas con estos contenidos, a través de numerosas obras difundidas a través de EUDEBA, el Centro Editor de América Latina y Editorial Sudamericana, por dar algunos ejemplos. Además estos mapas circulan en numerosos manuales escolares, con el aval del Instituto Geográfico Militar y del Ministerio de Educación de la Nación.

2. LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS QUE
LOS CARTÓGRAFOS NO TUVIERON EN CUENTA

Tanto los historiadores argentinos como chilenos, al diseñar los mapas señalados, omitieron la consideración de documentos fundamentales de la época colonial. Al no conocer esta información, los colegas se vieron empujados a incurrir en inexactitudes que luego se estandarizaron en sus respectivos países.

La tradición historiográfica chilena no tomó conocimiento de la Real Cédula de 1570, por la cual la Corona prolongó el límite austral de la Gobernación de Buenos Aires, del paralelo 37º al paralelo 49º. Esta Real Cédula no fue conocida por José Miguel de Amunátegui, en su monumental obra de 1880. Al no conocerla, construyó de buena fe su tesis, conforme a la cual, sobre el filo de la Revolución de 1810, se hallaban perfectamente en vigencia los derechos del Reino de Chile sobre la totalidad de la Patagonia.

Por otra parte, ni los historiadores argentinos ni los chilenos han considerado completo el Corpus Documental Intendencial, a través del cual se produjo el asentamiento del sistema de intendencias en el Reino de Chile. Como hemos señalado antes, la Corona creó las intendencias de Santiago y Concepción, mediante documentos conocidos por todos los historiadores. Pero lo que pocos han tenido en cuenta es que además de esas dos intendencias, la Corona creó también la intendencia de Chiloé, que iba de la Araucanía hasta el Cabo de Hornos, de la cordillera al Pacífico.

1. La Real Cédula que Amunátegui no conoció

La Corona generó, a favor de Juan Ortiz de Zárate, uno de los documentos más importantes de la historia de las jurisdicciones del sur de América. Este documento fue desconocido por el principal estudioso chileno de la historia de las jurisdicciones territoriales con Argentina, Miguel Luis Amunátegui, lo cual desató una serie de problemas para interpretar la voluntad del Rey en torno a este delicado tema. La accidentada trayectoria de los protagonistas de este título guarda relación con las dificultades que hubo en el siglo XIX para considerarlo. Conviene, por lo tanto, examinar los aspectos principales de la agitada trayectoria de este conquistador y su círculo más próximo, para poder, luego, comprender las vicisitudes que se desencadenaron con sus títulos.

El beneficiario de la Real Cédula de 1570, Juan Ortiz de Zárate, nació en Vizcaya, en el seno de una familia poderosa de la España del siglo XVI. Participó en la conquista del Perú, donde tuvo una destacada actuación. Logró hacer una buena posición socioeconómica y una familia expectante, especialmente con el nacimiento de su hija, Juana Ortiz de Zárate (1553-1584), que tendría un inesperado papel en esta historia. En el Alto Perú las vidas de ambos se cruzaron con la de Juan de Garay, otro personaje clave de esta agitada historia, el cual merece una digresión. Juan de Garay (1528-1583) había nacido en España, en el seno de una familia de relativamente baja extracción social. Su suerte cambió cuando resolvió viajar a América con su tío Pedro de Zárate, miembro de la comitiva del virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela (1544). Garay desplegó una activa labor en ese virreinato, donde logró construir una posición destacada para una persona de sus orígenes. Consiguió una satisfactoria inserción en Santa Cruz de la Sierra. Además, adquirió amplios conocimientos geográficos de la región debido a su participación en las expediciones que se realizaron por el actual noroeste argentino (1549-1550). En estas empresas fue cofundador de la ciudad del Barco, posteriormente llamada Santiago del Estero. Garay ya se perfilaba como un caudillo expectante. En el Alto Perú estableció estrechos lazos con su pariente Juan Ortiz de Zárate, quien ya figuraba como encomendero importante de Charcas. Después Garay viajó a Asunción del Paraguay (1568). Allí fue nombrado alguacil mayor. El gobernador le encargó realizar varias expediciones hacia el sur, con vistas a asegurar el control de la cuenca del Plata. En uno de estos viajes, Garay fundó la ciudad de Santa Fe (1573) y comenzó los preparativos para volver a fundar Buenos Aires3.

Mientras tanto, Ortiz de Zárate también realizaba una carrera ascendente. Como reconocimiento a los servicios prestados, el virrey del Perú lo nombró adelantado del Río de la Plata (1567). A esta altura, su situación era la inversa a la de Rasquin: este había conseguido un título más importante, pues lo había emitido el Rey. Pero Ortiz de Zárate tenía la ventaja de hallarse ya en tierras americanas, por lo tanto, estaba más cerca de su gobernación. De todos modos, había una situación ambigua, y Ortiz de Zárate necesitaba que la Corona le confirmase el título que le había concedido el virrey del Perú. Tras una serie de gestiones, Ortiz de Zárate dejó a su hija en el Alto Perú y viajó a España. Allí logró finalmente la capitulación de julio de 1569, por la cual el Rey lo nombraba como adelantado con prácticamente la misma jurisdicción que Pedro de Mendoza, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Domingo de Irala4.

El significado de la Real Cédula del 1 de junio de 1570 fue desplazar la frontera austral de la Gobernación del Río de la Plata, del meridiano 36° 57 al 48° 21 15 de latitud sur. Es decir, ante la vacancia del territorio otorgado originalmente a Simón de Alcazaba (1534) y Francisco de Camargo (1539), la Corona española tomaba la decisión de confiar el mismo al único polo poblacional que exhibía capacidad para consolidarse en el Atlántico Sur. En el documento de 1570, el rey de España no entregaba a la gobernación de Buenos Aires todo el territorio que originalmente había cedido a Alcazaba y Toledo. Este había recibido todo el espacio, entre los paralelos 37° y 48°, de océano a océano. En cambio, en la Real Cédula de 1570 solo se menciona el Atlántico, pero se hace silencio con respecto al litoral Pacífico, actitud coherente con los títulos que la Corona había emitido a favor de la Gobernación de Chile en 1554, 1555 y 1558.

Al conseguir las Reales Cédulas de 1569 y 1570, Ortiz de Zárate quedaba en condiciones de asumir una gobernación de creciente importancia en las Indias. De todos modos, tenía que organizar la expedición y ello no iba a resultar muy fácil. Esta recién estuvo lista en septiembre de 1572. El viaje al Atlántico Sur estuvo plagado de problemas, con varios naufragios y muertes. Por fin, en 1574 llegó al Río de la Plata. En la isla Martín García se encontró con su antiguo amigo, Juan de Garay, entonces enviado por el gobierno de Asunción para buscar un lugar apto para fundar una ciudad sobre el Atlántico. De este encuentro nació un estrecho lazo entre Ortiz de Zárate y Garay. Aquel inició su marcha hacia el norte, guiado por este. En las costas del actual Uruguay, Ortiz de Zárate fundó la colonia de San Salvador (30 de mayo de 1574), asentamiento de efímera existencia. Luego remontó el río Paraná, y llegó a la ciudad de Asunción, donde asumió sus funciones como Gobernador del Río de la Plata. Allí procuró cumplir con sus compromisos ante el Rey. Pero su quebrantada salud limitó sus posibilidades. Consciente de la cercanía de su muerte, Ortiz de Zárate elaboró un testamento en el cual reivindicaba a su hija, Juana Ortiz de Zárate, y establecía que su esposo sería el heredero de sus derechos, lo cual estaba previsto en las capitulaciones del rey Felipe II, pues el privilegio fue otorgado por dos generaciones. Por otra parte, su hombre de confianza, Juan de Garay, fue nombrado tutor de su hija5.

Tras el fallecimiento de Juan Ortiz de Zárate (1576), Juan de Garay se dirigió a Charcas para informar de los acontecimientos a la hija de aquel, Juana Ortiz de Zárate. Ella se había casado ya con Juan Torres de Vera y Aragón, oidor de la Audiencia local. Una vez enterado de las novedades, Vera y Aragón reclamó sus derechos como Gobernador del Río de la Plata. Para legitimarse resolvió viajar a España y obtener allí una confirmación real. Mientras tanto designó a Juan de Garay como Gobernador provisorio del Río de la Plata, cargo que desempeñaría en su nombre durante varios años (1578-1583) 6.

Desde el punto de vista jurídico, las capitulaciones del rey Felipe II, por las cuales había extendido la jurisdicción de la Gobernación del Río de la Plata otras 200 leguas hacia el sur, desde el paralelo 36° al 48°, tenían una duración de dos generaciones; Ortiz de Zárate había fallecido, dejando la tarea a medias. Quedaba en manos de su sucesor legal, Vera y Aragón, cumplir su parte del contrato. En caso de no hacerlo, los títulos entrarían en una zona gris y se debilitarían jurídicamente. De allí entonces la importancia de su gestión. Vera y Aragón era consciente de su carrera contra el tiempo. Pero se hallaba ante enormes dificultades que retrasaban su misión7. Mientras tanto, Juan de Garay tenía que gobernar en su nombre la amplia región del Río de la Plata.

La situación de Juan de Garay en la Gobernación del Río de la Plata, con sede en Asunción, era bastante precaria debido al carácter provisorio de su título, la prolongada ausencia del titular Vera y Aragón y las intrigas del virrey Toledo. Además, Juan de Garay se encontró con un rival inesperado en el territorio. Gerónimo de Cabrera venía de fundar Córdoba y de allí dirigió su mirada hacia el este, para asentarse en el Atlántico. Cuando Juan de Garay procuró refundar una ciudad en el río de la Plata, se encontró con la expedición de Cabrera, que apuntaba al mismo objetivo. Para evitar una confrontación directa, se resolvió trasladar el pleito a la Corona.

A pesar de un panorama tan desalentador, Juan de Garay se abrió paso entre las dificultades. Organizó una expedición de grandes dimensiones para la época. Llevaba 1.000 caballos, 500 cabezas de ganado y 74 jefes de familia para fundar la ciudad de Buenos Aires por segunda vez (1580) 8. En el acta fundacional, Garay señaló explícitamente que actuaba en el marco de los derechos que el Rey le había dado a Ortiz de Zárate. El documento dice textualmente que el acto se realizó: “conforme i al tenor de sus reales provisiones i capitulacion dadas i hechas con el mui ilustre adelantado Juan Ortiz de Zárate, difunto, su antecesor, i por virtud de la cláusula de su testamento i disposición por lo cual le sostituyó i eligió por sucesor, según que todo mas largamente por las dichas escrituras consta, a que me refiero, digo que, en cumplimiento de lo capitulado i asentado con su Majestad por el dicho señor adelantado Juan Ortiz de Zárate, i en lugar del dicho adelantado Juan de Torres de Vera i Aragon, nuestro señor”…9

Más adelante, el documento agrega que Juan de Garay: “en lugar del señor adelantado, el licenciado Juan de Torres de Vera i Aragon, en cumplimiento de lo capitulado con su antecesor, tomaba e tomó posesión de la dicha ciudad, e de todas estas provincias, leste oeste, norte i sur, en vis i en nombre de todas las tierras le fueron concedidas por Su Majestad en su adelantamiento a su antecesor”10.

Nótese que Juan de Garay mencionó en varias oportunidades que actuaba de acuerdo a los derechos otorgados por el Rey a Ortiz de Zárate. En otras palabras, Garay estaba tomando posesión de las tierras que el Rey concedió a la Gobernación del Río de la Plata en la Real Cédula de 1570. Posteriormente se verificaron otros actos en esta misma dirección. En 1581 el mismo Juan de Garay realizó una expedición para reconocer las costas desde allí hacia el sur, hasta llegar al sitio donde actualmente se encuentra Mar del Plata.

Con este emprendimiento, Juan de Garay lograba coronar una fecunda gestión, pues participó en la fundación de tres ciudades argentinas (Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires). Su espíritu lo llevó a nuevos viajes y exploraciones, hasta que en una de ellas resultó herido de muerte por los indígenas (1583). Se cerraba de esta manera una trayectoria plena de sobresaltos, propia de aquellos conquistadores. Mientras tanto, Vera y Aragón seguía con dificultades y muy tardíamente llegó a asumir sus funciones de Gobernador del Río de la Plata11.

Con estos acontecimientos se cerró el ciclo de las dos generaciones de beneficiarios de las reales cédulas de 1569 y 1570. Desde la firma de estos documentos, los derechos de la Gobernación del Río de la Plata habían correspondido a Juan Ortiz de Zárate (1569-1576) y a Juan Torres Vera y Aragón (1576-1591). En total fue una etapa de veintidós años, de los cuales los titulares apenas estuvieron cuatro años al frente de la Gobernación. Ninguno de los dos pudo afirmarse en el cargo. En su lugar hubo varias figuras, con distintos niveles de legalidad y legitimidad. En algunos casos se llegó a cuestionar los títulos de estos adelantados. Esto llevaría a algunos historiadores del siglo XIX a considerar que las capitulaciones de Ortiz de Zárate fueron nulas, igual que las de Rasquin.

Los hechos históricos muestran que hubo una acción legítima en el contexto jurídico de las reales cédulas de 1569 y 1570. Ante la débil presencia de Ortiz de Zárate y su sucesor legal, Vera y Aragón, hubo una tercera figura que asumió el liderazgo en nombre de ellos. Juan de Garay se desempeñó en la Gobernación del Río de la Plata entre 1568 y 1583, primero como alguacil mayor y luego como gobernador provisorio. En estos años Garay lideró una trascendente labor al ocupar los espacios y fundar ciudades. Con las realizaciones de Garay, Ortiz de Zárate y Vera y Aragón, entre 1569 y 1591 la Gobernación del Río de la Plata experimentó un sensible avance en cuanto a la ocupación real y efectiva del territorio. En esos años se fundaron las ciudades de Santa Fe (1573), San Salvador (1574, luego desaparecida), Buenos Aires (1580) y Corrientes (1588), tres de las cuales lograron consolidarse y generaron polos de desarrollo sociopolítico en la zona. Además, se instaló ya una nueva dinámica en el área, con vistas a continuar la marcha hacia el sur. Ello se reflejaría poco después, durante la gestión del gobernador Hernando Arias de Saavedra, quien hacia 1605 organizó una expedición hasta el río Negro.

Los hechos mencionados muestran cómo las capitulaciones de 1569 y 1570, a diferencia de las Rasquin, no fueron documentos nominales, que perdieran su vigencia por incumplimiento por parte de los beneficiarios. Por el contrario, a partir de ellas hubo una significativa movilización de recursos humanos y materiales con la fundación de nuevas ciudades y un notable desplazamiento de la zona ocupada en forma real y efectiva, desde el punto donde se hallaba en 1569 (Asunción), hacia el sur (Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires). Como resultado de esta expansión, en 1617 fue preciso subdividir la extensa unidad política en dos nuevas gobernaciones, con sedes en Asunción y Buenos Aires respectivamente.

2. La Patagonia y su nueva jurisdicción

La Real Cédula de 1570 redefinió solo parcialmente la jurisdicción de la Gobernación del Río de la Plata o de Buenos Aires. Entre los paralelos 25 y 37, la jurisdicción se prolongaba teóricamente hasta el océano Pacífico; pero en este territorio se encontraban las ciudades chilenas, que se desenvolvían con total independencia de la Gobernación del Río de la Plata. A ello hay que añadir que, entre los paralelos 37 y 48, ningún documento de la Corona había establecido hasta entonces el límite occidental.

La definición de la frontera jurídica occidental de la Gobernación del Río de la Plata se realizó en el siglo XVII. La Corona dio el primer paso en 1617 con motivo de la división de la extensa jurisdicción rioplatense en las gobernaciones de Asunción y Buenos Aires. A propósito de esta medida, la Corona estableció en el oeste una frontera jurídica más acorde con la frontera imaginaria y la frontera real y efectiva. En efecto, la Real Cédula de 1617 desprendió de la Gobernación del Río de la Plata los territorios que hasta entonces había tenido sobre el Pacífico, entre los paralelos 25° y 37°. En su lugar, estableció un nuevo límite occidental, en la Gobernación del Tucumán[12 Real Cédula del 16 de diciembre de 1617. Transcripta completa en Amunátegui, o.c. tomo 2, 335-340.]. Esta delimitación fue un avance, pero solo parcial. La Real Cédula de 1617 no ofreció mayores aportes para resolver el problema en la zona austral (entre los paralelos 37° y 48°). Este silencio era comprensible, porque la Corona no tenía necesidad de preocuparse por especificaciones tan minuciosas. Pero cuando ello fue necesario, fue la misma autoridad metropolitana quien se encargó de resolver la cuestión. La oportunidad se presentó un siglo después, con motivo de un conjunto de medidas tendientes a regular las relaciones con los indígenas. La Real Cédula de 1669 ordenaba al gobernador de Buenos Aires tomar medidas con respecto a los indígenas, atendiendo “que en los términos de aquella jurisdicción por la parte del sud, i confines de la cordillera e Chile, iprovincia de Tucumán, habían sido siempre habitados de un numeroso jentío de indios serranos ipampas bárbaros en el modo de vivir”12.

Este documento brinda un avance importante, pues señala los dos límites occidentales de la Gobernación de Buenos Aires: del paralelo 37° hacia el norte, la Gobernación de Tucumán; del paralelo 37° hacia el sur, la cordillera de los Andes. Esta Real Cédula completa los datos de las capitulaciones de Ortiz de Zárate (1570), en cuanto al límite austral, y confirma el enfoque de Hernando de Montalvo (1587), sobre el límite occidental de la gobernación. Entre las Reales Cédulas de 1570 y de 1669, la Corona española terminó de definir la frontera jurisdiccional de la Gobernación del Río de la Plata en la región austral: esta limitaba al este con el océano Atlántico, al sur con el paralelo 48° y al oeste con la cordillera de Chile.

Este límite jurídico entre la Gobernación del Río de la Plata y el Reino de Chile en la zona austral se consolidó con un tercer documento, cuando la Corona emitió la Real Cédula del 21 de mayo de 1684. Igual que en el caso anterior, esta norma tenía como objetivo avanzar en la regulación de las políticas indígenas. Por tratarse de un tema tan delicado, la Corona se vio en la necesidad de definir con toda claridad los límites de las jurisdicciones territoriales. El texto estaba concebido en los siguientes términos: “Desde esa ciudad de Buenos Aires, i costas del Río de la Plata, que miran al sur, hasta el estrecho de Magallanes, hai algunos centenares de leguas, pobladas con naciones de infieles”13.

En esta primera parte del documento, el Rey ordenaba al gobernador del Río de la Plata que se ocupara de un problema que se estaba gestando en el territorio austral. Naturalmente, esta era una forma de ratificar la jurisdicción de Buenos Aires sobre estos territorios, tal como había establecido la Real Cédula de 1570. Más adelante, el texto explicaba el problema de los indígenas y la insuficiencia de las políticas de asimilación efectuadas hasta el momento. El Rey señaló que los indios de la Patagonia eran “unos enemigos declarados de los españoles, por las hostilidades que en varias ocasiones se han hecho, otros no sujetos a mi obediencia, por no haber tenido quien les instruya en la vida cristiana, no obstante que por los años de 1673, Nicolás Mascardi, de la misma Compañía, corriendo las serranías de Chile i costas del mar del Sur, para atraer al conocimiento de la fe a los muchos infieles que las pueblan, dio vuelta a la cordillera nevada, que divide aquel reino de esas provincias, i la de Tucuman i en llanos que corren hacia el dicho rio hallo naciones que con veras pedian el bautismo, que les hubiera concedido si antes de instruirlos, no le hubieran los poyas, otra nación más barbara, dado muerte violenta”.

Este texto reforzó el contenido de la Real Cédula de 1669. El rey volvió a señalar que la cordillera de los Andes separaba el Reino de Chile de la Gobernación de Tucumán en el norte, y de la Gobernación del Río de la Plata en el Sur. Además, el monarca demostraba tener conocimientos de los viajes del padre Mascardi y destacaba la importancia de su acción misionera y exploratoria en la cordillerana y costas del Pacífico. Luego señaló que el citado misionero cruzó la cordillera nevada “que divide aquel reino de estas provincias”. Es decir, el Rey consideraba que en su viaje a la Patagonia oriental, Mascardi había atravesado los límites de la jurisdicción de Chile e ingresado en la jurisdicción del Río de la Plata. El monarca evitó censurar esta actitud pero le indicó al gobernador de Buenos Aires que tomase medidas para promover la evangelización de los naturales en el área indicada, o sea, en la Patagonia.

Con las capitulaciones de Pedro de Mendoza (1534) y Ortiz de Zárate (1570), la Corona entregó a la Gobernación del Río de la Plata una jurisdicción sobre el Atlántico de 400 leguas, que abarcaban del paralelo 25º al 48° 21. Desde este lugar hasta el Estrecho de Magallanes (52°) el rey de España nunca entregó explícitamente jurisdicción a Buenos Aires. Por lo tanto, quedaba un territorio de 350 kilómetros, desde el confín austral de la jurisdicción rioplatense hasta el Estrecho, que no estaba formalmente bajo la jurisdicción de Buenos Aires. Este criterio fue coherente con la decisión de la Corona de crear una gobernación autónoma en el Estrecho de Magallanes, objetivo fijado a la expedición de Sarmiento de Gamboa (1581-1586).

El fracaso de la Gobernación del Estrecho de Magallanes generó una situación de abandono jurídico en el área. La expedición de Gamboa había anulado la jurisdicción de Chile sobre el área; además, la Gobernación del Río de la Plata tampoco llegaba a este lugar. No había, por lo tanto, una definición clara de esta jurisdicción. Esta situación se mantuvo así durante varias décadas. Hasta que por fin la Corona resolvió reincorporar la zona del Estrecho a la jurisdicción del Reino de Chile. Así lo manifestó a propósito de la Audiencia de Chile. En la erección de la misma (1609) no se mencionaron explícitamente los límites jurisdiccionales, pero sí se verificó este dato en documentos posteriores, como la Real Cédula de 1661 y en la Recopilación de Leyes de Indias (1680); con motivo de la puesta al día de la tradición jurídica española en América, la Corona consideró oportuno señalar los límites de la Audiencia de Chile. Tal como hemos visto anteriormente, el documento de 1680 dispuso que la misma “tenga por distrito todo el dicho reino de Chile (…) dentro y fuera del estrecho de Magallanes y la tierra adentro hasta la provincia de Cuyo inclusive”14.

La delimitación de la jurisdicción de la Audiencia de Chile, dispuesta en 1680, fue un aporte fundamental para definir sus títulos en las fronteras de la Gobernación de Chile, tanto al sur como al este. En la zona sur, este documento devolvió a este Reino plena jurisdicción sobre el Estrecho y zonas aledañas, títulos que se habían debilitado con motivo de la expedición de Sarmiento de Gamboa en 1581-1586. Por otra parte, este documento compatibilizó las fronteras jurídicas entre el Reino de Chile y la Gobernación del Río de la Plata.

En efecto, lo primero que salta a la vista en lo referente al límite oriental de la Audiencia de Santiago, es que las disposiciones del siglo XVII no utilizaban la forma original de las capitulaciones chilenas de 1554, 1555 y 1558. No mencionaba la proyección territorial de 100 leguas desde el Pacífico hacia el este como límite oriental de la jurisdicción ni en todo ni en parte. Tampoco aludía a las costas de la Patagonia ni al territorio entre la costa y la cordillera; se referían vagamente a “la tierra adentro”. La explicación es obvia a la luz de las reales cédulas de 1570, 1669 y 1684. Entre 1558, fecha del nombramiento de Villagra, y 1661, año de la delimitación oficial de la Audiencia chilena, la frontera jurídica en la zona austral había variado sensiblemente. Tras estudiar el conjunto de los documentos emitidos por la Corona para gobernar América, los expertos de la Corte tuvieron que dar una nueva redacción a los límites jurisdiccionales de la Audiencia de Chile. Hubo que modificar la fórmula. No era posible conservar la tradicional mención de las 100 leguas. Era necesario disponer de una expresión nueva, que dejara a salvo los títulos de Chile en el Estrecho y alguna forma de continuidad continental desde allí hasta la Araucanía y el Valle Central. Pero sin atribuirle a Chile jurisdicción sobre la Patagonia, pues entre 1570, 1669 y 1684 esta había pasado, por decisión de la Corona, a depender de la gobernación del Río de la Plata.

A través de este proceso se consolidó la cordillera de los Andes como límite natural entre la Gobernación del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile. En el siglo XVII, esta era una idea que se estaba abriendo camino también en Europa. Basta recordar cómo en aquellos años la Corona de Francia sostuvo la tesis del Rin como su frontera natural y realizó numerosas guerras para alcanzar este objetivo. De la misma manera, en América Meridional se aplicó un criterio parecido con la cordillera de los Andes. De todos modos, todavía quedaba un amplio margen de indecisión. Porque esta cordillera tenía un ancho que podía superar los 200 kilómetros. ¿En qué parte de la cordillera estaba el límite? Las montañas se transformaban automáticamente en zona litigiosa, jurisdicción territorial indefinida. Allí donde hubiera montañas, más bajas o más altas, el límite no estaba claro. En cambio, donde no hubiera montañas, es decir, en las llanuras, la parte occidental era del Reino de Chile y la oriental de la Gobernación de Buenos Aires.

Este criterio amplio solucionaba el problema de las misiones de Nahuel Huapi. Al encontrarse entre las montañas, podían perfectamente estar sujetas al Reino de Chile, sin entrar en contradicción con las jurisdicciones territoriales dispuestas por la Corona. Así lo entendía el rey de España: cuando tuvo que expresar el valor jurídico de las misiones establecidas por Mascardi en el lago citado, la Real Cédula de 1684 engloba esta actividad junto a otras más. El texto ubica a Mascardi “corriendo las serranías de Chile i costas del mar del Sur para atraer al conocimiento de la fe a muchos infieles que las pueblan”. Es decir, para el rey Carlos II, las misiones de Nahuel Huapi estaban todavía dentro de las serranías de Chile.

La Corona había avanzado bastante en el esclarecimiento de la frontera jurisdiccional entre el Reino de Chile y la Gobernación del Río de la Plata. Estaba claro que la frontera se encontraba en la cordillera. Pero no se especificaba la delimitación dentro de ella. La Corona española no tuvo necesidad de definirlo. El litigio iba a quedar para los siglos XIX y XX.

3. La implantación de las intendencias en Chile
y las fronteras jurídicas de este Reino

La Capitanía General de Chile experimentó cambios institucionales profundos y simultáneos. En 1784 se inauguró el sistema de intendencias con una experiencia en Chiloé. Dos años después, Carlos III dispuso otorgarle mayor autonomía al Reino de Chile con relación al Virreinato del Perú. A partir de entonces se redujo el control de Lima sobre el Reino de Chile, que pasó a depender directamente de la metrópoli. A la vez, la Corona generalizó el régimen de intendencias en Chile, encuadrado en el reglamento de la Real Ordenanza de Intendentes, dictada en 1782 para el Virreinato del Río de la Plata.

La creación de la Intendencia de Chiloé marcó un hito importante en el proceso jurídico regional. La Corona designó a don Francisco Hurtado como gobernador-intendente de Chiloé por Real Título del 19 de mayo de 1784. Las instrucciones para el desempeño de este cargo fueron establecidas en un documento complementario, firmado un día después por Carlos III, en el cual se entregaban precisiones sobre el encuadre institucional de la flamante intendencia. Este dependía en lo religioso del obispado de Concepción, mientras que en lo militar debía consensuar sus decisiones con el Comandante de Fronteras de Chile; en lo administrativo y en lo referente a la seguridad naval dependía directamente del virrey del Perú15. El ministro Gálvez informó de esta novedad a la Capitanía de Chile remitiendo la Real Orden fechada en Aranjuez el 31 de mayo de 1784. Este documento no establecía explícitamente los límites de la Intendencia de Chiloé. Pero el gobernador Hurtado, a propósito del padrón general de la isla de Chiloé, tuvo oportunidad de llenar este vacío. En mapa adjunto al citado documento, el gobernador de Chiloé establecía cuáles eran los límites de su jurisdicción: “al Norte es el Río Bueno, al sur el Cabo de Hornos, al Este la Cordillera de los Andes y toda la Tierra Firme e islas comprendidas entre estos tres rumbos, contiguas a la costa”16.

La creación de la Intendencia de Chiloé en 1784, generó las condiciones para desajustes institucionales. Se abrió entonces un lustro de agitación, en el cual los misioneros franciscanos tuvieron un papel relevante. De acuerdo a Urbina Burgos, la administración de Hurtado como gobernador-intendente de Chiloé (1784-1789) fue “uno de los períodos más agitados y conflictivos de la historia insular, como fue precisamente el funcionamiento del nuevo sistema político administrativo de intendencias”17.

La reforma político-administrativa se completó en 1787 con la creación de la Intendencia de Santiago y la Intendencia de Concepción. ¿Cuáles eran sus fronteras jurídicas? La Intendencia de Santiago se extendía desde el desierto de Atacama hasta el río Maule. Por su parte, la Intendencia de Concepción tenía los mismos límites que el obispado homónimo. Este llegaba hasta el Biobío con algunos territorios cercanos al mismo, tal como muestra el mapa titulado Descripción del Obispado de la Concepción18. Barros Arana lo explica en los siguientes términos: El presidente [de la Capitanía General de Chile, brigadier Ambrosio de] Benavides i el regente Alvarez de Acevedo opinaron que la capitanía jeneral de Chile se dividiese en solo dos intendencias, la de Santiago que se estenderia desde los confines australes del virreinato del Perú hasta las orillas del río Maule; i la de Concepción que comenzaría en este río para terminar en los últimos fuertes de la frontera araucana. Conformándose a este dictamen, el nuevo virrei del Perú don Teodoro de Croix i el visitador Escobedo, por auto de 14 de enero de 1786 confirmaron esta division, i nombraron al brigadier don Ambrosio de Benavides intendente de Santiago con la superintendencia de toda la capitanía jeneral, i a don Ambrosio OHiggins intendente de Concepción”19.

La nueva estructuración administrativa del Reino de Chile fue el resultado de un proceso relativamente largo y consensuado entre las partes afectadas. Fue propuesta por el presidente de la Capitanía General de Chile y adoptada por el virrey del Perú20. Remitida a España, fue convalidada por Real Orden de 6 de febrero de 178721. Como se puede observar, esta disposición era solo parcial. Nada decía de los territorios australes, entre el Biobío y el río Bueno, lugar donde comenzaba la jurisdicción de la Intendencia de Chiloé según el primer gobernador-intendente, Francisco Hurtado. Este tema ha sido deficientemente tratado por la historiografía chilena, porque, al parecer, Barros Arana no estaba informado de la creación de la Intendencia de Chiloé, tres años antes. Posiblemente el prestigioso historiador no conoció los documentos firmados por Carlos III y el ministro Gálvez en Aranjuez los días 19, 20 y 31 de mayo de 1784, a través de los cuales se creó la Intendencia de Chiloé, se nombró a Francisco Hurtado como gobernador-intendente, se le impartieron las instrucciones para cumplir su misión y se dio cuenta de ello a la Audiencia de Chile. Entendemos que Barros Arana desconoció estos antecedentes, porque así se desprende de todo su enfoque sobre la cuestión de la implantación de las Intendencias en Chile22. La interpretación de Barros Arana fue compartida por otros historiadores chilenos, entre los cuales cabe destacar a Francisco Encina23. Este autor reprodujo casi textualmente partes enteras de la obra de Barros Arana, sin citarlo. Encina glosó sus palabras y muchas veces repitió sus mismos errores. Este enfoque se reiteró en otros autores que lo estandarizaron definitivamente en la tradición historiográfica chilena. Ello se reflejó en la obra de la especialista en la implementación de las intendencias en Chile, María Teresa Cobos Noriega (1978, 1980, 1986, 1989). La autora coincidió con Barros Arana y Encina en cuanto al tema de los límites de estas intendencias24.

Las fronteras internas de la Gobernación de Chile, dispuestas con motivo de la organización de las intendencias de 1784-1787, fueron modificadas en los años posteriores. En 1789 la Corona transformó la Intendencia de Chiloé en Gobernación. Sus límites se modificaron en la década siguiente, con motivo de la tercera fundación de Osorno (1796).

La ciudad de Osorno había sido abandonada en 1604 como resultado del levantamiento general de las naciones indígenas. Durante casi 200 años este territorio quedó dentro del espacio controlado efectivamente por los mapuches, hasta que hacia fines del siglo XVIII los españoles volvieron a interesarse por esta tierra. La iniciativa surgió desde el Reino de Chile. Allí estaban los recursos humanos y materiales, la energía y la decisión de recuperar esta espacio para afirmar las posiciones hispánicas en la Araucanía y facilitar el transporte y las comunicaciones entre Valdivia y Chiloé. La idea era relevante para mejorar los estándares de seguridad regional y promover la integración de los polos de desarrollo.

Desde el punto de vista jurisdiccional, las autoridades sabían que Osorno se hallaba dentro de la Intendencia o Gobernación de Chiloé, lo cual despertó los recelos de Valdivia. Terció en el debate Ambrosio Higgins, quien trató de eludir conflictos por jurisdicciones internas y propuso un plan de acción a la Corona. Esta aceptó la propuesta y autorizó a Higgins a avanzar en el proyecto de refundación de Osorno por Real Orden del 7 de diciembre de 1793. En este documento “se le manifestaba que el Rey esperaba que tomara principalmente a su cargo la repoblación de Osorno, y que confiaba en su prudencia para prevenir los embarazos que pudieran surgir de la diversidad de opiniones e intereses de los gobernadores de Valdivia y Chiloé”25. Con gran sagacidad y delicadeza, el Capitán General de Chile persuadió a los demás gobernantes de la conveniencia general de contar con esta ciudad. Higgins articuló los distintos intereses, consiguió el apoyo de Valdivia y Chiloé, de Santiago y Lima, y finalmente puso en marcha la tarea.

La tercera fundación de Osorno se llevó a cabo con el aporte de colonos de distintas ciudades de la Intendencia de Santiago, la Intendencia de Concepción y de la Gobernación de Chiloé. De esta manera se reunieron los 427 cofundadores de la legendaria ciudad. El acto se formalizó por decreto de don Ambrosio, en el cual dejó establecido que esta ciudad dejaba de depender de la Gobernación de Chiloé y quedaba bajo “la sola subordinación y dependencias en sus casos al señor Gobernador Intendente de la provincia de Concepción, Tribunal de la Real Audiencia y Gobierno Superior y Capitanía General del Reino”26. Por otra parte, Higgins estableció que los límites de la ciudad de Osorno eran: “por el sur el río Maypue, en que termina la provincia de Chiloé, por el norte el río de Pilmaiquén, por el oeste la costa entre Río Bueno y Maypué, y por el este la gran cordillera”27. Como se ha examinado, la Intendencia-Provincia de Chiloé tenía como límites originales el río Bueno (40º 10 latitud sur), el Cabo de Hornos (56º), la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Con este decreto, Higgins desprendió la sección norte de la Gobernación de Chiloé, pero esta mantuvo intacta su jurisdicción del río Maypué al Cabo de Hornos entre mar y cordillera.

En resumidas cuentas, la refundación de Osorno significó un cambio en la jurisdicciones internas del Reino de Chile, pues se redujo parcialmente la Gobernación de Chiloé en beneficio de Valdivia. Pero se mantuvieron intactos sus límites externos. La Capitanía General de Chile se extendía todavía del desierto de Atacama al Cabo de Hornos, entre el Pacífico y los Andes. Estos eran los límites jurídicos establecidos por la Corona a través de sus autoridades competentes.

El interés personal de don Ambrosio Higgins por el progreso de Osorno contribuyó indirectamente a generar nuevos títulos jurídicos en el área. Cuando Higgins fue promovido al Virreinato del Perú, Osorno todavía era una aldea débil y dependiente. Muchos temían que si el nuevo Gobernador de Chile no exhibía el mismo celo que don Ambrosio por mantener esta ciudad, la misma correría el riesgo de desaparecer. Por este motivo, la Corona resolvió mantener la ciudad de Osorno bajo la jurisdicción directa del flamante virrey del Perú. Esta medida se tomó con la expresa salvedad que solo tendría vigencia durante la gestión de Higgins como virrey. Una vez superada esta circunstancia, Osorno debía reintegrarse a la jurisdicción del Reino de Chile de acuerdo a la Real Orden del 1 de junio de 179828.

Después de la caída y muerte de Ambrosio Higgins, la situación jurídica de Osorno volvió a la normalidad. Por Real Orden del 28 de octubre de 1802 quedó en firme el retorno de esta ciudad a la jurisdicción plena de la Gobernación de Chile. En estas condiciones se produjeron la crisis revolucionaria de 1810 primero y la llamada “guerra a muerte” después. Superados estos conflictos, las bases que había echado don Ambrosio permitieron comenzar tempranamente el proceso de colonización de la región, especialmente con el asentamiento de los colonos alemanes en los alrededores del lago Llanquihue29.

El significado de la refundación de Osorno fue completar definitivamente las fronteras jurídicas de Capitanía General de Chile y darles la forma que iban a mantener en 1810. En efecto, entre 1796 y 1810 no se registraron nuevas alteraciones. Por lo tanto, en el momento de producirse la emancipación, la Capitanía General de Chile estaba compuesta por la Intendencia de Santiago, de Atacama hasta el Maule; la Intendencia de Concepción, del Maule hasta el rio Maypué, y la gobernación de Chiloé (dependiente parcialmente del Perú), desde el Maypué hasta el Cabo de Hornos. En todos los casos, el límite oriental era la cordillera de los Andes.

El corpus documental intendencial de fines del siglo XVIII estaba olvidado en los debates diplomáticos de 1880. No lo tuvo en cuenta ni Amunátegui ni los polemistas de su época. Pero la situación era muy diferente a principios del siglo XIX. En efecto, los patriotas y primeros gobernantes de Chile conocían perfectamente el citado corpus documental. Por eso, en las constituciones de las décadas de 1820 y 1830, la clase dirigente chilena por unanimidad dispuso que Chile tenía exactamente los mismos límites que los acordados por las autoridades españolas con motivo de la implantación del sistema de intendencias: Chile se extendía del desierto de Atacama al Cabo de Hornos y de la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico.

Por otra parte, el corpus documental intendencial, junto con los documentos anteriores, determina con toda claridad que tanto el Estrecho de Magallanes como el Cabo de Hornos estaban dentro del Reino de Chile. No existe ningún documento colonial de semejante envergadura que atribuyera esos territorios al Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, el Tratado de 1881 se ajustó a derecho al reconocer para Chile el Estrecho de Magallanes y las islas al sur del Beagle hasta el Cabo de Hornos.

3. PRESENCIA REAL Y EFECTIVA EN LOS TERRITORIOS AUSTRALES

Los mapas y croquis que representan la división territorial vigente en la época colonial, que actualmente circulan en las escuelas argentinas, aseguran que todos los territorios al sur del Biobío pertenecían, hacia 1810, al Virreinato del Río de la Plata. En nuestra tesis hemos dedicado un amplio espacio a destacar todos los títulos que la Corona española emitió a favor del Reino de Chile, en los cuales incluyó todos los territorios australes hasta el Cabo de Horno, incluyendo el Estrecho. También hemos dedicado un estudio detallado para documentar la presencia chilena en Chiloé, Valdivia y Osorno, desde el siglo XVI hasta 1810. Mediante abundante información, hemos enviado un mensaje a los historiadores y cartógrafos argentinos, para dejar en claro que es absurda y carente de fundamento la tesis que atribuye estos territorios al Virreinato del Río de la Plata.

En el presente artículo, dirigido al público chileno, nos proponemos demostrar la tesis complementaria, es decir, que así como el actual sur chileno jamás perteneció al Virreinato, la actual Patagonia argentina sí estuvo sujeta al gobierno de Buenos Aires, al menos desde 1570.

1. Buenos Aires y la posesión de las costas patagónicas

En el litoral rioplatense-atlántico, el proceso de expansión hacia el sur experimentó un notable paralelismo cronológico con el centro y oeste de la actual Argentina. La ciudad de Buenos Aires no fue capaz de poner en marcha un proceso rápido y sostenido de ocupación de las tierras del sur, a pesar de los compromisos asumidos por sus autoridades ante la Corona. Basta recordar que la Real Cédula de 1570 sujetaba a Buenos Aires todos los territorios hasta el paralelo 48º. Sin embargo, las tierras australes no despertaron un interés permanente en las autoridades rioplatenses.

En los siglos XVI y XVII las costas patagónicas se percibían como territorios desolados, carentes de riqueza (el menos para la tecnología disponible en la época) y poco adecuados para el asentamiento de los europeos. Los navegantes que se aventuraron por esas latitudes elaboraron informes altamente insatisfactorios sobre las condiciones naturales de estas tierras. Los relatos enfatizaban el frío y el viento, el hambre y la sed que debían padecer los que recorrían las gélidas tierras patagónicas en busca de calor, refugio y alimento. A ello se sumaba el mito de los indios presuntamente antropófagos y demás maldiciones. El trágico viaje de Hernando de Magallanes y el triste fin de la expedición de Sarmiento de Gamboa fueron pilares fundamentales para la leyenda negra de la Patagonia. Viajar a estas tierras se consideraba una aventura temeraria con riesgo de muerte o de sufrir padecimientos inenarrables. Como resultado, las costas del sur permanecieron despobladas de europeos durante largo tiempo.

El tradicional abandono de las costas patagónicas comenzó a revertirse a mediados del siglo XVIII, con la realización de algunas expediciones importantes para el reconocimiento de la región. El marco legal de ellas estuvo dado por las reales cédulas por las cuales se encargó al gobernador de Buenos Aires, Domingo Ortiz de Rozas, la realización de viajes exploratorios a la zona, a cargo de los padres Quiroga, Cardiel y Ströbel a la costa patagónica30. Poco después tuvo lugar la expedición del piloto Jorge Barne, quien, con licencia del gobernador de Buenos Aires, exploró el puerto de San Julián (1752). Elaboró un detallado diario de su viaje que luego presentó a las autoridades de Buenos Aires31.

Tras la llegada de Carlos III al trono español (1765-1788), los temas geoestratégicos se vieron jerarquizados dentro de la agenda imperial. En el escenario internacional, en estos años, “España abandona la política pacifista de Fernando VI y pretende retomar la iniciativa, inaugurando la política de emulación que le costaría la más grave decadencia de su historia”32. En este contexto, la Corona destinó crecientes sumas para financiar objetivos militares y políticos con la idea de hacer frente al expansionismo británico. Este criterio se hizo notar en distintas regiones de América, potencialmente vulnerables a un ataque inglés, como las costas patagónicas. Durante la gestión de Carlos III se reforzaron las medidas de seguridad y vigilancia en territorios que durante largo tiempo habían sido desatendidos por la Corona. “Solamente en el año 1767 hemos identificado seis reales órdenes, y once en total, entre 1766 y 1770, dirigidas por el secretario de Estado, Julián Arriaga al gobernador de Buenos Aires, Francisco Bucarelli, sobre el tema de ingleses y franceses en el sur”33.

La toma de conciencia sobre la importancia geoestratégica de las costas patagónicas tuvo dos disparadores principales: la Descripción del Reyno de Chile de Ambrosio Higgins (1767) y la Descripción de la Patagonia del jesuita Thomas Falkner (1774). El primero de estos documentos ha sido mencionado varias veces en el presente estudio. Tras una experiencia en la Araucanía, el autor viajó a Madrid y elevó al Rey una propuesta para promover el desarrollo y la seguridad en la región, dentro y fuera de los límites de la Capitanía General de Chile. Ya hemos explicado que para Higgins lo importante era abordar los problemas regionales en forma integrada. Esta visión regional llevó al Marqués de Osorno a mirar más allá de las fronteras del Reino de Chile, con vistas a promover políticas más articuladas territorialmente. De allí su interés en la construcción de caminos y puertos para promover el comercio y la seguridad del imperio. Los circuitos comerciales de Chile con Asunción y Buenos Aires no escapaban a su mirada, lo mismo que los amagos británicos en las costas patagónicas. Para prevenir esta amenaza, Higgins propuso tomar medidas concretas: “Para evitar a tiempo las malas consecuencias que pueden traer tales proyectos, me parece muy necesario que los españoles piensen sin perder tiempo en buscar dos puertos en la misma costa entre los 38 grados y 45, procurando fortificarse en ellos, y traer gentes para su población de donde se pudiere. La misma diligencia convendría se hiciese en la Bahía de San Julián, por los 49 grados, sin perder de vista al mismo tiempo la máxima de reducir a pueblos o poblaciones los indios de dicha costa, y interior de aquel vasto territorio”.

Con una visión geoestratégica muy adelantada para la época, el futuro gobernador de Chile y virrey del Perú llamaba la atención sobre la importancia de las costas patagónicas. A la vez, anticipaba que desde estos puntos se podían generar las condiciones para colonizar el interior de la Patagonia. Higgins propuso articular los asentamientos patagónicos con la línea de fortines que debía comenzar 150 km al sur de Buenos Aires y avanzar en dirección sudoeste, hasta llegar al volcán Villarrica, proyecto que ya hemos comentado. Según Higgins, entre estos seis fortines y los tres puertos patagónicos se pondría en marcha un circuito comercial de singular potencial. El intercambio comercial con los indios les facilitaría progresar hasta convertirse en ciudades. Además, “sería fácil abrir entre ellos caminos y correspondencias”. Desde el punto de vista religioso, “los misioneros tendrán por ambos lados protección y facilidad de extender la doctrina cristiana y los indios con estas disposiciones se hallarán por todos aquellos contornos con la precisión de reducirse a pueblos”.

Las costas y tierras patagónicas quedarían, según Higgins, dentro de la jurisdicción de la Gobernación de Buenos Aires. En efecto, al especificar quién sería el responsable político de este proyecto, Higgins destacó “el conocido celo y eficacia del Excmo. Señor Gobernador de las Provincias del Río de la Plata, a cuya jurisdicción pertenecerá la costa patagónica y la Línea Fronteriza que se propone establecer”34: La propuesta de Higgins no fue aplicada inmediatamente por la Corona. Pero fue un aporte al despertar de la conciencia territorial de la clase dirigente con relación a las costas patagónicas y su importancia geoestratégica. De esta manera Higgins contribuyó crear el clima propicio para que más adelante se tomaran medidas en esa dirección.

El interés por la Patagonia creció con la publicación de la citada obra de Tomás Falkner (1774). Esta tenía como objetivo demostrar que las costas patagónicas eran más adecuadas para un asentamiento estratégico que las Islas Malvinas. El texto llamaba la atención sobre el potencial de la región, su interés geoestratégico y su vulnerabilidad. El autor alentaba a los ingleses a establecerse en la desembocadura del río Negro. De esta manera consideraba que se obtendría una ventaja decisiva en el Atlántico Sur, y a la vez, se echarían las bases para la captura de Valdivia, Valparaíso y, finalmente, el Reino de Chile35. Además, el ex misionero aseguraba que sería relativamente fácil tomar las ciudades de Montevideo y Buenos Aires, con pocas fuerzas (tal como se demostró en 1806).

La difusión de la obra de Falkner, con estas amenazadoras propuestas, no tardó en generar inquietud en la Corte española, que se predispuso a tomar medidas para prevenir el asentamiento de la bandera británica en las costas de la Patagonia.

La tensión anglo-española se profundizó con la guerra de la independencia de EE.UU. (1776-1783). Al estallar el conflicto, España consideró que tenía la gran oportunidad para tomarse revancha de Gran Bretaña y devolverle las humillaciones que esta le venía dando desde la Armada Invencible (1588). España colaboró informalmente con las trece colonias, sabiendo que Gran Bretaña trataría de tomar represalias. Los ingleses podían hacer sentir su fuerza en cualquier lugar del globo donde hallaren posesiones españolas. La Corona tuvo que reforzar todo su imperio, especialmente los territorios más vulnerables. Uno de ellos era, precisamente, el Atlántico Sur, donde a la amenaza inglesa se sumaba el tradicional expansionismo de sus aliados, los portugueses. Esta era, por lo tanto, un área de especial importancia estratégica para el imperio español.

Para fortalecer sus posiciones en la región atlántico-rioplatense, la Corona tomó tres decisiones fundamentales de carácter estratégico: creó el Virreinato del Río de la Plata (1776), envió un contingente armado a la región para enfrentar a los portugueses en la Banda Oriental (1777) y promovió los asentamientos en la costa patagónica (1779-1780).

La decisión de fundar los establecimientos patagónicos tuvo su antecedente en el informe de Ambrosio Higgins, tal como se ha señalado (1767). Una década más tarde, la idea se transformó en el proyecto que el secretario de Estado, conde de Floridablanca, presentó al ministro Gálvez, en el cual se propiciaba ocupar la boca del río Negro. En pocos meses se dio forma definitiva a la propuesta y como resultado se erigieron los cuatro asentamientos australes: el fuerte de Nuestra Señora del Carmen de Patagones, en la margen izquierda de la desembocadura del río Negro; la villa de Puerto Deseado, el fuerte de San José, en la península de Valdés y la Nueva Colonia de Floridablanca, en la bahía de San Julián36.

De acuerdo a lo señalado por don Ambrosio Higgins, estos pueblos debían tener dos objetivos: prevenir la invasión de ultramar y abrir camino a la dominación real y efectiva de la Patagonia. La propuesta de Falkner también mencionaba a los indios como aliados potenciales de la eventual colonia patagónica. Algunos autores argentinos apoyan esta interpretación, como Navarro Floria, para quien “la verdadera finalidad de los fuertes de la nueva Superintendencia de la Costa Patagónica era servir de cabeza de puente para la conquista del interior del territorio y el sometimiento del indio, que era lo que se creía en peligro, siguiendo las sugerencias de Falkner y su editor”37. Otros autores dicrepan con este enfoque. Para María Teresa Luiz, académica de la Universidad de la Patagonia Austral, la conquista de los indios “jamás estuvo dentro del plan de los asentamientos patagónicos españoles pues la finalidad era controlarlos simbólicamente”38.

Desde el punto de vista jurisdiccional, la Corona también siguió el criterio del plan de don Ambrosio Higgins: los cuatro asentamientos patagónicos estuvieron dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. Todo el proceso de planificación, ejecución y administración de estos poblados se realizó a través del virrey del Río de la Plata. El ministro “Gálvez encontró un obediente ejecutor en (el virrey) Juan José de Vértiz. La abundante y densa correspondencia entre ambos revela un buen entendimiento, y Vértiz se muestra puntilloso en el cumplimiento de cada uno de los encargos ministeriales con su característica eficacia ilustrada”39.

Los asentamientos costeros facilitaron la exploración del interior del territorio patagónico. Desde allí era fácil avanzar hacia el oeste remontando los grandes ríos de la región, como el Colorado, el Negro y el Santa Cruz. Francisco de Viedma (1737-1809) exploró el río Negro en busca del lugar más apto para los fuertes. En 1782 Antonio de Viedma remontó el río Santa Cruz hasta la cordillera y descubrió el lago que lleva su nombre40.  En 1780 Basilio Villarino recorrió el río Colorado. Posteriormente, entre 1782 y 1783, Villarino y José de Goycochea remontaron el río Negro41.  En su informe oficial, Villarino propuso establecer un asentamiento en la isla de Choele Choel, con la idea de promover el camino de Carmen de Patagones a Valdivia42.  El mismo levantó en ese lugar “una estacada con galpón, batería, etc., que más tarde llamará fortaleza Villarino”43. De esta manera se echaban las bases para una eventual ocupación de la Patagonia.

Los asentamientos patagónicos significaban una sensible ventaja geoestratégica y científica. A partir de ellos se descorría el velo que todavía ocultaba la naturaleza de esos territorios y se abría el camino a su ocupación y aprovechamiento económico. Pero estas poblaciones también presentaban dificultades importantes. Las condiciones de vida de los pobladores eran muy penosas. Los vecinos se quejaban del frío, el viento y las dificultades para proveerse de bienes indispensables. Además, el abastecimiento desde Buenos Aires era insuficiente. Los barcos llegaban muy esporádicamente, lo cual generaba mayor sensación de aislamiento y marginación en los fuertes patagónicos.

A estos elementos se sumó un nuevo marco internacional. Los patriotas norteamericanos fueron abriendo el camino de la independencia. Tras la rendición de Lord Cornwallis en Yorktown (19 de octubre de 1781), la Cámara de los Comunes decidió terminar la guerra. A partir de entonces comenzaron las negociaciones de paz, que se prolongaron otros dos años. Pero la suerte de las antiguas colonias inglesas ya estaba echada.

La definición de la Guerra de la Independencia de EE.UU. aflojó las tensiones internacionales en general, e hispano-británicas en particular. La amenaza británica dejó de percibirse como un problema prioritario. Este criterio se reflejó también en la región atlántico-patagónica. Como resultado disminuyó la importancia geoestratégica de los onerosos establecimientos costeros. A partir de entonces, muchos de ellos estaban condenados a muerte.

El proceso que iba a desembocar en el desmantelamiento de las bases patagónicas comenzó cuando la Corona solicitó a Buenos Aires, por nota fechada el 15 de julio de 1781, medidas con las cuales pudieran “aminorarse los gastos de los establecimientos patagónicos, atendiendo las urgencias del erario real para la guerra y sucesos del Perú, reduciéndose a conservar lo poblado y no intentando por ahora ocupar otros puntos que San Julián y río Negro”.

La respuesta del Virrey fue contundente: en su opinión, no solo era conveniente detener el proceso expansivo hacia el sur, sino también retroceder hacia el norte, porque casi todos estos asentamientos eran un costo inútil para la Corona. Para Vértiz “el Puerto Deseado es muy angosto”, lo cual se agravaba porque “no hay en aquel terreno manantial de agua dulce”44. También propuso abandonar la bahía San Julián que “no ofrece ventajas para nuestra navegación y comercio”. Además, en ese lugar “no hay arbustos para leña ni árboles para hacer madera”. A ello debía añadirse que “el agua es salobre” y que “las semillas de las legumbres de Europa no nacen o no crecen”45. El Virrey señaló también que “deberá abandonarse el puerto en la bahía de San José, pues los gravísimos costos que tiene la saca y conducción de la sal, sobre su desabrigo y aridez del terreno, hace inútiles los que se impenden en sostenerlos”46. Para Vértiz, estos asentamientos “no son de utilidad alguna”. De los cuatro establecimientos patagónicos, solo tenía sentido que “subsistiese el establecimiento del río Negro por lo mucho que se ha gastado en él, y porque puede de allí conducirse sal; pero reducido al fuerte a la cortísima población”47.

Desde un punto de vista general, Vértiz consideraba que la relación costo-beneficio no justificaba el mantenimiento de estos enclaves. Los costos se podían calcular en numerario: “lleva S.M. gastados hasta el mes de mayo del año pasado de 1782, 1.024.051 pesos y 3 reales”. A cambio de ello se disponía de cuatro puertos en zonas de muy difícil navegación, asoladas por el viento y el frío, donde no se podía cultivar la tierra y no había perspectivas de desarrollo comercial. Según el Virrey, el abandono de los puertos de las costas patagónicas no resultaba peligroso, pues descontaba que potencias extranjeras hallasen utilidad en asentarse allí: “Parece imposible que ninguna nación intente esta empresa”, aseveraba Vértiz. Sobre todo porque la escasez de recursos naturales determinaba que para poder mantenerse, cualquier asentamiento necesitare de un aprovisionamiento constante. Y ello solo era posible realizarlo desde Buenos Aires. “En un puerto de esta naturaleza no puede subsistir mucho tiempo una colonia, a menos que esta fuese socorrida desde el Río de la Plata con todos aquellos víveres que se juzgan de primera necesidad”[49. Idem. Ibid.].

Había otras razones no explícitas junto a estos argumentos. Para Navarro Floria hay que tener en cuenta también la situación personal del Virrey y el escenario regional del imperio. “Vértiz, ya anciano, veía más posibilidades de concluir bien su carrera aplacando una rebelión en un área central como el Alto Perú o preparando Montevideo contra un supuesto ataque inglés, que fomentando asentamientos y exploraciones en áreas marginales del imperio”48. Más allá de estas especulaciones, lo cierto es que el informe del virrey Vértiz fue lapidario para los asentamientos patagónicos. El ministro Gálvez dio curso a su propuesta y, finalmente, por Real Orden del 1 de agosto de 1783, la Corona aceptó la decisión de suprimir estos asentamientos con la excepción de Carmen de Patagones. Este puerto se mantuvo como la única presencia efectiva y permanente de población “civilizada” en las costas patagónicas en los siguientes 80 años.

Sobre el filo de la Revolución de 1810, el Virreinato del Río de la Plata no poseía más que un enclave en las costas patagónicas: este era Carmen de Patagones. En el resto de los 1.200 kilómetros de litoral atlántico que la Corona había confiado a la tutela de Buenos Aires, no existían asentamientos estables. Después de la crisis revolucionaria, las autoridades rioplatenses demoraron bastante tiempo en ocupar el territorio. Los hitos principales fueron Fortaleza Protectora Argentina, luego llamada Bahía Blanca (1828); los pequeños asentamientos de Luis Piedra Buena en la isla de Pavón, en la desembocadura del río Santa Cruz (1859) y en la isla de los Estados (1862); la colonia galesa del Chubut, luego denominada Rawson (1865), y la efímera colonia Rouquaud (1872-1874).

La acción colonizadora de Buenos Aires en las tierras australes fue notablemente tardía. La Real Cédula de 1570 autorizaba a esta gobernación a descubrir y poblar todas las costas patagónicas hasta el paralelo 48o. Durante muchos años las autoridades del Plata no se interesaron por las costas patagónicas. Este territorio se comenzó a valorar a partir de los escritos de Ambrosio Higgins (1767) y Thomas Falkner (1774). Además, la rivalidad con Gran Bretaña agitó la amenaza de una invasión externa. Ello motivó la fundación de cuatro asentamientos en la Patagonia (1778). Tal como había propuesto Ambrosio Higgins, estos se hallaban dentro de la jurisdicción de Buenos Aires y desde allí se inició la exploración y ocupación del interior de la Patagonia.

De todos modos, las circunstancias resultaron desfavorables para el desarrollo de estos establecimientos. Sus costos eran muy altos para la Corona y sus beneficios escasos. Una vez resuelto el conflicto de las colonias norteamericanas y aliviadas las tensiones con Gran Bretaña, las autoridades españolas juzgaron que había desaparecido la principal causa de su existencia. Tres de los cuatro asentamientos fueron desmantelados. Solo se mantuvo en su lugar el fuerte de Carmen de Patagones, en la desembocadura del río Negro. Esta situación no se revirtió en las tres décadas posteriores. Por lo tanto, en vísperas de la Revolución de 1810, el Virreinato del Río de la Plata no controlaba efectivamente las costas patagónicas al sur del paralelo 41º.

3. El Tratado de 1881 y las tesis fundacionales

La información mostrada en este artículo ha sido posible reunirla hacia el año 2000, a partir de numerosas investigaciones realizadas por los colegas a lo largo del siglo XX. Pero muchos de los documentos aquí mencionados, no eran conocidos en el siglo XIX. Por lo tanto, cuando se produjo el debate diplomático que condujo a los tratados de límites, la situación era muy diferente.

En 1856 Argentina y Chile firmaron un Tratado, en el cual se pusieron de acuerdo en establecer los límites territoriales en conformidad al principio Uti Possidetis Iuris de 1810. Es decir, cada nación iba a mantener todos los espacios que poseía en el momento de la Revolución. Para ello, era preciso estudiar los antecedentes de la época colonial. Historiadores, intelectuales, abogados y diplomáticos de ambos países se lanzaron a revisar los repositorios de Santiago, Buenos Aires y Sevilla en busca de las reales cédulas y demás documentos que avalaran las pretensiones de cada país. Y a partir de estos elementos surgieron las tesis fundacionales.

Los chilenos, liderados por Miguel Luis Amunátegui pusieron especial énfasis en las reales cédulas de 1554, 1555 y 1558, por las cuales la Corona otorgó a la Gobernación de Chile un ancho de 100 leguas desde el Pacífico hacia el este. Cabe destacar que Amunátegui no conoció la Real Cédula de 1570 ni la Intendencia de Chiloé de 1784. Por lo tanto, concluyó que toda la Patagonia pertenecía a Chile en 1810 y por ello debía conservarla en el Tratado de 1881.

Los historiadores argentinos no tuvieron una obra comparable a la de Amunátegui. La defensa de los derechos nacionales estuvo mucho más fragmentada entre pequeños aportes de Pedro de Angelis, Frías, Vélez Sarsfield, Quesada, entre otros. Ellos tampoco conocieron la documentación referida a la Intendencia de Chiloé. En cambio sí conocieron la Real Cédula que creaba la Intendencia de Concepción, a partir de la cual levantaron la tesis que el límite sur del Reino de Chile se hallaba en el río Biobío. Por lo tanto, muchos teóricos argentinos afirmaron que desde la Araucanía hacia el sur todos los territorios pertenecían al Virreinato del Río de la Plata.

Los límites vigentes hacia 1810, debatidos en el marco de las negociaciones diplomáticas entre Argentina y Chile realizadas entre 1856 y 1881, no lograron esclarecerse. No hubo acuerdo entre los historiadores de ambos países. Cada nación elaboró sus propia tesis fundacional: para los chilenos, toda la Patagonia pertenecía a Chile; para los argentinos, del Biobío hacia el sur todo el territorio era de la Argentina.

Al no haber acuerdo entre los historiadores, la situación se resolvió en forma política. En julio de 1881 se firmó el Tratado de Límites, de acuerdo al cual la cordillera de los Andes se estableció como frontera entre ambos países. De esta manera se resolvió el problema desde el punto de vista legal. Pero en ambos países los historiadores se quedaron con la sensación de derrota, pues consideraban que el Tratado era legal pero ilegítimo. Y esta percepción se volcó en los mapas y en los textos de historia.

4. Resurgimiento de las tesis fundacionales

En 1901, el destacado intelectual rioplatense, Estanislao Zeballos presentó un mapa sobre lo que él estimaba eran las fronteras entre Argentina y Chile en 1810. En esa carta se aseveraba que el río Biobío era el límite austral del Reino de Chile, y desde allí hacia el sur todos los territorios pertenecían al Virreinato del Río de la Plata.

En la primera mitad del siglo XX esta interpretación fue desechada por los historiadores. Así se reflejó en el mapa de Emilio Ravignani, que planteaba las fronteras reales y efectivas vigentes en 1810, y evitaba la polémica de las cuestiones de límites. Este mapa fue publicado en la historia general de la Argentina, publicada por la Academia Nacional de la Historia. Y luego fue levantado por los autores y editores de manuales escolares. Un buen ejemplo es el célebre texto de Ricardo Levene, Lecciones de Historia Argentina, reeditado numerosas veces y ampliamente difundido en las escuelas medias argentinas en la primera mitad del siglo XX. Esta situación cambió a comienzos de los años 60, a partir del debate entre Diego Luis Molinari y Conrado Ríos Gallardo.

Del lado chileno, después de la firma del Tratado de 1881, las tesis fundacionales de Amunátegui fueron bastante olvidadas por un buen tiempo. Durante 50 años casi nadie reivindicó esos enfoques, más allá de Morla Vicuña (1903). Los manuales escolares chilenos tuvieron una mirada benevolente de la historia de las relaciones bilaterales, con énfasis en el abrazo de San Martín y OHiggins y la construcción del Ferrocarril Trasandino. Esta línea fue cuestionada en 1930 por Irarrázabal Larraín, en su libro “La Patagonia: errores históricos y geográficos”. En esta obra, el autor reivindicó las tesis fundacionales de Amunátegui, a partir de los documentos que este conoció (sobre todo las reales cédulas de 1554, 1555 y 1558). Cabe destacar que Irarrázabal Larraín tampoco tuvo en cuenta la Real Cédula de 1570, y el corpus documental completa de la implantación de las Intendencias en el Reino de Chile. Durante varios años el libro de Irarrázabal Larraín fue ignorado por la historiografía chilena. Hasta que Francisco Antonio Encina retomó su tesis y la comenzó a difundir. A Encina siguieron Jaime Eyzaguirre y muchos otros autores. Como resultado, hacia fines de la década de 1950, las tesis fundacionales, creadas por Amunategui y reivindicadas por Irarrázabal Larraín, estaban estandarizadas totalmente en la historiografía chilena. Los textos escolares mostraban que hasta 1881 existió un “Chile Fantástico”, que abarcaba toda la Patagonia. Y ella fue cedida para comprar la neutralidad argentina en la Guerra del Pacífico.

5. Encina y el florecimiento de la teoría del “Chile Fantástico”

La tradición historiográfica chilena se vio alterada por la publicación de la obra de Francisco Encina. En cierta forma, la situación hegemónica que ejerció Barros Arana con su Historia General de Chile, durante la primera mitad del siglo XX, fue parecida a la que tuvo Encina a partir de la publicación de su Historia de Chile de la prehistoria hasta 189149. A pesar de sus dimensiones, esta obra se transformó en un éxito editorial sin precedentes en el mercado chileno. En pocos años se agotaron numerosas ediciones, con una tirada superior a los 200.000 ejemplares.

Desde el punto de vista de la tradición historiográfica de las relaciones bilaterales, Encina significó una ruptura con respecto al enfoque de Barros Arana. Este transmitió una imagen positiva de la Argentina, mientras aquel la presentó como un vecino ambicioso y expansionista. Barros Arana suscribía al nacionalismo liberal de los estadistas del siglo XIX. En cambio, Encina se desplazó hacia un nacionalismo chovinista, xenófobo y racista. Este enfoque se hizo sentir en su forma de presentar a los países vecinos en general y a la Argentina en particular. Para avanzar en esta dirección, Encina encontró sus mejores aliados en Amunátegui, Morla Vicuña e Irarrázabal Larraín.

El estilo ágil y fluido de Encina ofreció un vehículo incomparable para la difusión de las tesis fundacionales del siglo XIX. Estas se vieron liberadas del confinamiento propio de los textos para especialistas y comenzaron a difundirse masivamente. En este sentido, el significado de la obra de Encina fue el de divulgar las tesis fundacionales de Amunátegui y Morla Vicuña, con los aditamentos de Irarrázabal Larraín. El objetivo de Encina era reivindicar la idea del “Chile Fantástico” y culpar a la Argentina y a ciertos dirigentes chilenos de su frustración.

A diferencia de los estadistas chilenos del siglo XIX y de los historiadores del XX, Encina adhirió ciegamente a las tesis de Amunátegui. Lo consideraba “el descubridor de los títulos de Chile en la Patagonia”. A partir de allí, su discurso -en lenguaje ágil, fluido y seductor- se desenvolvía siguiendo las ideas de los tres autores mencionados: Chile tenía títulos incuestionables sobre la totalidad de la Patagonia; pero debido a las erradas descalificaciones de Barros Arana y Vicuña Mackenna, perdió interés por mantenerla; finalmente, la Argentina, mediante maniobras astutas, logró quedarse injustamente con este territorio.

La obra de Encina fue decisiva en cuanto a la construcción de la imagen del país vecino a través de la Historia. No solo por el inmediato éxito editorial que obtuvo, sino porque de allí surgieron diversos subproductos, que consolidaron este enfoque. En primer lugar, tenemos que citar el Resumen de Historia de Chile, en el cual los 20 tomos se sintetizaban en tres volúmenes totalmente ilustrados (1954). Esta obra resultó todavía más clara y de fácil acceso para el gran público. Poco después, cuando el incidente del islote Snipe puso en foco las tensiones bilaterales, el autor extrajo de su obra general los capítulos dedicados a las relaciones con Argentina y con ellos preparó un libro especial, titulado La cuestión de límites entre Chile y la Argentina desde la Independencia hasta el tratado de 1881. Una vez más reivindicó la idea de “Chile Fantástico” y las tesis fundacionales del siglo XIX. También reiteró la tesis de Irarrázabal Larraín sobre el abandono o entrega de la Patagonia debido a la falta de visión de Barros Arana y Vicuña Mackenna50.

6. Jaime Eyzaguirre y las tesis fundacionales

Si Encina retomó las tesis fundacionales y las puso en foco, Jaime Eyzaguirre fue el encargado de promover su aceptación dentro de la comunidad académica e intelectual de Chile. Encina llegaba al gran público, pero era cuestionado entre los historiadores por su falta de rigor y de metodología. En cambio Eyzaguirre era un historiador reputado, una autoridad indiscutida en el medio. Precisamente a través de su obra, las tesis fundacionales del siglo XIX recibieron pleno reconocimiento de los historiadores chilenos de la segunda mitad del siglo XX, que terminaron por asumirlas como verdades irrefutables.

Miembro de una tradicional familia de la elite chilena, Jaime Eyzaguirre (1908-1968) contaba con ricas conexiones en el medio social, cultural y diplomático chileno. Todo ello le ayudaría a contar con las posibilidades de realizar una labor de gran influencia en sus temas. Fue una figura destacada dentro del departamento de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lugar desde donde fundó y dirigió la revista Historia (1961-1967).

El pensamiento de Eyzaguirre sobre las relaciones entre Chile y Argentina se volcó fundamentalmente en tres obras: La soberanía de Chile en las tierras australes (1958), La frontera histórica chileno-argentina (1962) y Breve Historia de las Fronteras de Chile (1967). La primera reivindicaba los derechos de Chile en la zona del Canal de Beagle. La segunda era respuesta al ensayo de Diego Luis Molinari (1961), que examinaremos más adelante. Y el tercera fue una obra de síntesis, que se convirtió en un verdadero éxito editorial. En 1983 se publicó la decimotercera edición y volvió a agotarse, con lo cual se efectuaron varias ediciones más. Pero más allá de lo cuantitativo, lo importante de esta obra es que ha sido sistemáticamente citada por casi la totalidad de los historiadores chilenos dedicados al tema. En relativamente poco tiempo, Eyzaguirre se transformó en un referente sobre asuntos de frontera. Escribió, entre otros, los prólogos de la segunda edición de la obra de Irarrázabal Larraín51, la primera del libro de Errázuriz Guilisasti y Carrasco Domínguez52, y la primera del Manual de Historia Diplomática de Mario Barros van Buren (1970). Sus colegas lo reconocerían como una autoridad en el tema durante décadas. Al menos así se lo consideraba en el Instituto de Estudios del Patrimonio Territorial de Chile de la Universidad de Santiago, institución especializada en el estudio de las relaciones bilaterales con Argentina.

El prestigio de Eyzaguirre en los temas fronterizos no descansaba en obras monumentales, sino en trabajos breves, claros y contundentes. El autor se afirmaba en tres pilares: Amunátegui, Morla Vicuña e Irarrázabal Larraín. Su intuición fue sintetizar en pequeños libros unas decenas de páginas, lo esencial de la obra de Amunátegui y las también voluminosos obras de sus sucesores. Y lo importante se resumía a las siguientes preposiciones: 1- A mediados del siglo XVI, la Corona otorgó a los gobernadores de Chile una jurisdicción de 100 leguas de ancho, lo cual abarcaba la totalidad de la Patagonia, Cuyo y el entonces extendido territorio del Tucumán. 2- En 1563 la Corona separó el Tucumán de Chile y en 1776 desprendió Cuyo para incorporarlo al Virreinato del Río de la Plata; pero nunca desprendió del río Diamante hacia el sur. 3- Chile retuvo todos los territorios del Diamante hacia el sur. Ello queda corroborado plenamente por el mapa de Cano y Olmedilla. 4- En el siglo XIX la clase dirigente de Chile desconocía el valor económico de la Patagonia, debido fundamentalmente a Barros Arana y Vicuña Mackenna. Además, el ejército argentino realizó una ofensiva sobre la Patagonia aprovechando la contingencia de Chile en la guerra del Pacífico. En este contexto, su país accedió a ceder gratuitamente la Patagonia a la Argentina por el Tratado de 1881.

Inspirado en Irarrázabal Larraín, Eyzaguirre consideraba que el Tratado de 1881 había sido intrínsecamente injusto e ilegítimo, resultado de una maniobra artera por parte del Estado argentino. Este no habría correspondido a la lealtad de Chile en momentos homólogos: “Lo que un arbitraje de derecho le habría seguramente negado a la nación del Plata, ella lo iba a obtener ahora íntegro y sin disparar un tiro. Cuando las costas argentinas habían estado bloqueadas por la escuadra unida anglo-francesa o cuando se hallaba ese país distraído en la guerra con el Paraguay, Chile no hizo ninguna presión para arrancar un convenio favorable. Pero ahora, encontrándose el ejército chileno en una difícil tarea en distantes territorios, la Argentina supo usar el momento y urdió el arreglo”53.

El enfoque de Eyzaguirre era notablemente simple. No incluía la complejidad de los títulos coloniales, contradicciones y ambivalencias. Consideraba las reales cédulas favorables a la gobernación de Chile (mediados del siglo XVI), pero no tenía en cuenta los documentos homólogos emitidos a favor de la gobernación de Buenos Aires (fundamentalmente la Real Cédula de 1570). Tampoco daba cuenta de la cantidad de documentos coloniales conforme a los cuales el límite oriental de Chile se hallaba en la cordillera de los Andes. Sobre todo el corpus documental intendencial (1784-1796) de acuerdo al cual la Corona había establecido que la jurisdicción de Chile se extendía de Atacama al Cabo de Hornos, y de la cordillera al Pacífico. En el plano cartográfico, solo tenía en cuenta el plano de Cano y Olmedilla, excluyendo sus complicaciones internas y así también las demás corrientes cartográficas que tuvieron tan rico desarrollo antes y después de 1810. Eyzaguirre evitaba estas complicaciones. Prefería apoyarse en la autoridad de Amunátegui, Morla Vicuña e Irarrázabal Larraín. Él aportaría una propuesta sintética de lo que aquellos habían demostrado. De esta manera quedaron académicamente consagradas las tesis fundacionales en la historiografía chilena.

7. Las tesis fundacionales y su estandarización en la historiografia chilena

El respaldo de Encina y Eyzaguirre abrió la puerta para la amplia difusión de las tesis fundacionales en la historiografía chilena. En relativamente poco tiempo, la idea del “Chile Fantástico”, apoyada en los argumentos de Amunátegui y Morla Vicuña, junto con la tesis de la entrega de la Patagonia planteada por Irarrázabal Larraín, se transformaron en la versión oficial de la historia de Chile. La inmensa mayoría de los autores que escribieron sobre estos temas en la segunda mitad del siglo XX, se ajustaron a esos criterios.

Los estudios de Amunátegui y Morla Vicuña, poco considerados por los historiadores chilenos en la primera mitad del siglo XX, se transformaron en bibliografía obligatoria a partir de 1950. Casi la totalidad de los historiadores que trabajaron sobre la frontera con Argentina los citaron recurrentemente. En efecto, las obras de Amunátegui y Morla Vicuña fueron citadas por el coronel Marín Madrid (1966), Eyzaguirre (1967), Lagos Carmona (1966, 1980), Barros van Buren (1970, 1991), Vázquez de Acuña y Cabrera (1984), Bazán Dávila (1986), González Abuter (1988). Además, la obra de Amunátegui fue considerada también por Hormazábal González (1969), González Madariaga (1970), y la de Morla Vicuña fue mencionada en Errázuriz Guilisasti (1968). Estos autores no se limitaban a nombrar las tesis fundacionales del siglo XIX -cuestión de rigor académico-, sino que asimilaban el enfoque de esos autores, sin detenerse a criticarlos. En cierta forma, se hizo una tradición en la historiografía chilena que, cuando se citaba a Amunátegui y Morla Vicuña, el análisis se daba por terminado en lugar de comenzar.

También fue notable la influencia que ejerció Irarrázabal Larraín en los historiadores especializados en las cuestiones de límites entre Argentina y Chile. Su libro de 1930 pasó desapercibido en su momento. Ante el interés que despertó a partir de la década del 50, el texto fue reeditado (1966) con prólogo de Jaime Eyzaguirre. A partir de entonces, la obra de Irarrázabal Larraín fue citada por casi todos los autores chilenos dedicados a cuestiones de límites con Argentina, entre ellos Mateo Martinic (1963), Lagos Carmona (1966, 1980), Eyzaguirre (1958, 1967, reeditado más de diez veces), Errázuriz Guilisasti (1968), Espinoza Moraga (1969), Barros van Buren (1970 y 1991), Vázquez de Acuña y Cabrera (1984) y González Abuter (1988).

La figura de Encina también ejerció una fascinación especial en varios historiadores chilenos de esos años. Espinoza Moraga, el ensayista de posiciones más nacionalistas y antiargentinas, se jactaba de ser discípulo de Encina (1961, 1969). González Madariaga, en su obra Nuestras relaciones con Argentina: una historia deprimente, demostró un notable apego a los escritos de Encina54. También lo citan Lagos Carmona (1966 y 1980), Eyzaguirre (1967 y ediciones posteriores), Barros van Buren (1970 y 1991), Santis Arenas (1984), entre otros.

Para los objetivos del presente capítulo, lo importante es advertir la influencia que tuvieron las tesis fundacionales de Amunátegui y Morla Vicuña en Irarrázabal Larraín y luego en Encina. Entre estos cuatro autores echaron las bases de la matriz conceptual de lo que sería la percepción de la historiografía chilena en materia de relaciones con Argentina. Sus ideas estuvieron presentes en la gran producción historiográfica de la etapa 1952-1984. En estos años, como el tema de los conflictos limítrofes entre Argentina y Chile cobró actualidad y se convirtió en asunto de interés publico, se generaron las condiciones para una creciente producción periodística, ensayística e historiográfica. Precisamente, esas obras, que tendrían alta repercusión pública, se construyeron sobre la matriz que habían creado los cuatro autores mencionados. El Cuadro I muestra esta trama de una forma más precisa.

CUADRO I
MATRIZ TEÓRICA DE LA TRADICIÓN HISTORIOGRÁFICA CHILENA
EN MATERIA DE RELACIONES CON ARGENTINA (1879-1986),
SEGÚN LA SUCESIÓN DE CITAS


Autor Citas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1- Amunátegui 1879-1880 x + + + + + + - + + + + + + +
2- Morla Vicuña 1903 + x + + + + + + + + + + + + +
3- Irarrázabal Larraín 1930 + + x + - + + + + + + + - - +
4- Encina 1940-52, 1954, 1959 + + + x + + - - + + + - + + +
5- Marín Madrid 1966, 1978 + + - + x - - - - - - + - - -
6- Eyzaguirre 1958, 1962, 1967 + + + + - x + + + + + + + + +
7- Lagos Carmona 1966, 1980 + + + + - + x - + + + + + - +
8- Errázuriz Guilisasti (1968) - + + - - + - x - - - - - - -
9- Espinosa Moraga 1952, 1969 + + + + - + + - x - + + - - +
10- Barros 1970 y 1991 + + + + - + + - - x - + + - +
11- González Madariaga 1970 + + + + - + + - + - x + - - -
12- Vázquez y Cabrera 1984 + + + - + + + - + + + x - + -
13- Santis Arenas (1984) + + - + - + + - - + - - x - -
14- Bazán Dávila (1986) + + - + - + - - - - - + - x -
15- González Abuter (1988) + + + + - + + - + + + + - - x

Referencia: +: Sí lo cita; -: No lo cita.
Observaciones: tal como demuestra este cuadro, los autores más citados son Amunátegui, Morla Vicuña e Irarrázabal Larraín. Prácticamente la totalidad de los autores que escriben sobre historia de las fronteras en la segunda mitad del siglo XX en Chile, citan a los tres.
Fuente: elaboración propia a partir de los textos citados.

En este cuadro se presenta en la columna de la izquierda, los nombres de los autores más destacados que escribieron sobre el tema de las cuestiones de límites entre Argentina y Chile. En cada caso se señala con un signo + cuando citan al autor señalado en las filas superiores. El cuadro demuestra cómo se reiteraban las citas a los cuatro autores fundamentales en todo el período 1955-1986.

La teoría que los historiadores desarrollaron sobre las fronteras con Argentina no tardó en volcarse a los manuales escolares. Estos abandonaron la mirada positiva hacia la Argentina, que habían tenido en la primera mitad del siglo XX e incorporaron el discurso de las tesis fundacionales y la noción del “Chile Fantástico”. Como resultado, la Argentina se presentaba como un país expansionista, agresivo y sustractor de territorio.

Esta nueva mirada a las relaciones bilaterales llegaba a su culminación, tras haber tenido su inicio en el libro de 1930. Así lo ha señalado también el prestigioso historiador chileno, Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic, quien explicó este fenómeno en los siguientes términos: “Este trabajo de revisión histórica, encabezado por un investigador ilustre, José Miguel Irarrázabal (La Patagonia, errores geográficos y diplomáticos, Santiago, 1930), que cobró especial vigor a partir de 1950, ha tenido por fin salvar y deslindar responsabilidades”[57 Reseña bibliográfica sobre el texto de Jaime Eyzaguirre. La frontera histórica chileno-argentina. Santiago, 1962. En: Historia, 2, 1962-1963, 318.].

La tesis de “Chile Fantástico” en los textos escolares

La estandarización de la tesis de “Chile Fantástico” entre los principales historiadores chilenos abrió el camino para la difusión de estas ideas a través de los textos escolares. Basta examinar los manuales editados en la segunda mitad del siglo XX para constatar este proceso. El mensaje chovinista se reflejaba en los textos y se reforzaba con los croquis que representaban la evolución histórica del territorio chileno.

En todo este proceso, un rol importante cupo a los organismos del Estado Nacional encargados de controlar el contenido de los manuales. En una primera etapa, este papel le fue confiado al Ministerio de Educación de la Nación, que debía dar su aprobación para que se autorizara la publicación de cada texto escolar. Posteriormente, esta tarea le fue encargada a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL). A pesar de este cambio de funciones, hubo una coherencia en la actitud del Estado de Chile, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX sistemáticamente autorizó la circulación de los croquis históricos en los cuales se afirmaba la teoría de “Chile Fantástico”, apoyada en las tesis fundacionales del siglo XIX.

Distintos textos escolares de esos años reflejaron esta tendencia. Como ejemplo podemos citar la Geografía de Chile, de Oscar Kaplan, aprobada por el Ministerio de Educación y patrocinada por el Instituto Geográfico Militar, y la Historia y Geografía de Francisco Frías Valenzuela. El texto de Kaplan incluía una síntesis de la tradicional teoría de Amunátegui: aseguraba que la Corona le había entregado al Reino de Chile derechos en la Patagonia, pero que estos se perdieron en las negociaciones de límites con Argentina. Siguiendo la tradición de las tesis fundacionales, este autor mencionaba las Reales Cédulas de 1554 y 1558, pero nunca las de 1570 ni las de 1784-179655.  Evidentemente, la historiografía chilena había establecido una plantilla de documentos seleccionados y omitidos, que todos los textos respetaban escrupulosamente.

Este enfoque se reiteró en otros manuales escolares de esos años. Según Armando de Ramón, quien obtuviera el Premio Nacional de Historia de Chile (1998), uno de los textos más representativos fue el de Frías Valenzuela. Este autor desarrolló su manual exactamente dentro de los carriles previstos, con la reivindicación absoluta de las Reales Cédulas de 1554, 1555 y 1558. A partir del territorio original que la Corona entregó a la Gobernación de Chile, solo se aceptaron como legítimos los desprendimientos de Tucumán (1563) y Cuyo (1776). Para estos textos, la Patagonia habría quedado sujeta al Reino de Chile hasta 1810. Por ejemplo, Frías Valenzuela describía los “límites de Chile durante la colonia”, en los siguientes términos: “Desde los tiempos de Pedro de Valdivia y de sus inmediatos sucesores, el Reino de Chile limitaba por el norte con el desierto de Atacama, por el oeste con el Pacífico, por el este con una línea de norte a sur a 100 leguas de ese océano (incluyendo toda la Patagonia actualmente argentina) y por el sur con el polo austral (incluyendo la Antártida Chilena). Posteriormente, este territorio sufrió dos grandes disminuciones: en 1563 la región de Tucumán fue separada de Chile y agregada a la presidencia de Charcas y en 1778 se segregó la provincia de Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis) que pasó a formar parte del recién creado Virreinato de Buenos Aires”56.

Siguiendo a Amunátegui e Irarrázabal Larraín, el autor desconocía la existencia de la Real Cédula de 1570, que había trasladado la frontera sur de la Gobernación de Buenos Aires hasta el paralelo 48o, con lo cual comenzó la incorporación de la Patagonia a esa jurisdicción. Frías Valenzuela tampoco tuvo en cuenta los documentos reales del siglo XVII, que consideraban a la cordillera de los Andes como frontera entre la Capitanía de Chile y la Gobernación del Río de la Plata; desconoció además la documentación intendencial de 1784-1796, que confirmaba a la cordillera de los Andes como frontera oriental del Reino de Chile. Para este autor, hacia 1810 Chile poseía completamente la Patagonia.

Más adelante, los manuales de Frías Valenzuela desarrollaban un discurso cada vez más negativo hacia la Argentina, la acusaba de haberse apoderado de territorios correspondientes a Chile, sobre todo la Patagonia. En un manual para primer ciclo de humanidades, el autor explicaba el Tratado de 1881 en los siguientes términos: “Si bien es cierto que la Argentina se abstuvo de intervenir por las armas en la contienda iniciada el 79, no lo es menos que no dejó de aprovecharse de la situación apremiando a Chile a resolver la cuestión de límites en las horas más difíciles de la crisis internacional. Finalmente, al término del gobierno de Pinto se firmó el tratado del 28 de julio de 1881, en el cual renunció Chile a la Patagonia”57.

Con estas palabras, el autor transmitía a los jóvenes estudiantes chilenos un mensaje de desconfianza y recelo hacia la Argentina, muy propio del enfoque que en esos años se había transformado en hegemónico dentro de la historiografía chilena.

La matriz documental y gráfica se reiteró en otros textos escolares tanto de escuela básica como media y preuniversitaria. A nivel de escuela básica o primaria podemos citar la Historia y Geografía para 7º Año, de Díaz y Domínguez. Este texto incluye un croquis que presenta la totalidad de la Patagonia separada del Virreinato de la Plata e incluida dentro del Reino de Chile58. Para ampliar sus conocimientos sobre estos temas, alumnos y profesores podían acudir al Atlas Histórico de Chile de la influyente Editorial Santillana59. Allí se publicaron tres croquis en los cuales claramente se representaba a la Patagonia y Cuyo dentro de Chile hasta 188160. Con estas imágenes, el niño chileno egresaba de la escuela básica.

Los adolescentes chilenos que continuaban dentro del sistema escolar y realizaban estudios de nivel medio, no hacían más que consolidar esas ideas. En tercer año, muchos de ellos debieron utilizar la Historia de Chile para 3º Medio, de Sergio Villalobos, publicada por Editorial Universitaria (1983) 61. En este gráfico, Villalobos aseguraba que en el momento de producirse la Revolución de 1810, toda la Patagonia argentina pertenecía al Reino de Chile. Después de aprender estas lecciones, los estudiantes chilenos pasaban a 4º año medio y allí estudiaban el proceso histórico chileno en la época independiente. El manual de Gonzalo Vial y Adriano Rovira les enseñaba que en el tratado de 1881 Chile cedió a la Argentina toda la Patagonia, mediante un croquis en el cual, para causar mayor impacto, se ampliaba la dimensión del territorio “cedido”, incluyendo dentro del mismo la totalidad de la provincia de Cuyo62. El Estado Nacional autorizó formalmente el material gráfico incluido en esta obra63. Con esta unanimidad en la enseñanza, los jóvenes chilenos egresaban de la escuela media convencidos que la Argentina había despojado a su país de importantes territorios.

Los estudiantes que se preparaban para rendir la Prueba de Aptitud Académica con vistas a ingresar a la universidad, volvían a estudiar estos temas, siempre con el mismo enfoque. En el Apunte Preuniversitario de Historia y Geografía de Chile se señalaba que Chile poseía la Patagonia en la época colonial y en buena parte del siglo XIX, hasta que la cedió a la Argentina en el Tratado de 188164. Estas mismas ideas se hallaban presentes en la Prueba de Ingreso a las Universidades – Historia y Geografía, de Sergio Villalobos y Pilar Aylwin (1989). Para poder ingresar a la universidad era necesario que los estudiantes sostuvieran estas ideas. Porque en las pruebas de ingreso se preguntaba justamente sobre los límites entre Chile y Argentina, y las respuestas eran consideradas correctas si se adaptaban al enfoque oficial. Una vez dentro de la universidad, los jóvenes chilenos volvían a encontrarse, una vez más, con estas ideas. Ello se refleja en varios textos, entre ellos, la Historia de Chile – Prueba de Conocimentos Específicos, elaborada por dos destacados historiadores de la universidad de Concepción (1984) 65.

En resumidas cuentas, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la teoría de “Chile Fantástico” fue transmitida en forma pública, homogénea, y reiterada a los niños, adolescentes y jóvenes que atravesaron todos los niveles del sistema educativo chileno, del básico al universitario, pasando por el medio, tal como refleja el Cuadro II. De acuerdo a estos textos, las relaciones entre Argentina y Chile se explicaban fundamentalmente a partir de la pareja conceptual de victimario y víctima, donde la Argentina cumplía el papel de país sustractor de territorio.

CONCLUSIÓN

El debate diplomático entre el embajador argentino y el candidato a presidente de Chile, realizado en 1970, refleja la estandarización de dos corrientes historiográficas contradictorias. En Argentina se ha enseñado que Chile es un país expansionista y sustractor de territorio. Y en las escuelas chilenas se instruye con la misma tesis pero al revés. A fuerza de repetir esos enfoques, los mismos han sido asimilados por la mayoría de la población a ambos lados de la cordillera.

No obstante ello, las dos tesis son falsas. De acuerdo a la documentación colonial, observada en su conjunto y actualizada con los últimos descubrimientos, el Tratado de 1881 respetó fielmente el principio de Uti Possidetis Iuris de 1810. Por lo tanto, cada país retuvo todos los territorios que poseía en el momento de la Revolución.

En el presente artículo hemos demostrado la consistencia entre el Tratado de 1881 y la legislación colonial. Luego hemos explicado cómo surgieron las tesis fundacionales, que atribuyen al país vecino actitudes expansionistas y de sustracción de territorio. Finalmente hemos llegado a describir el proceso por el cual esas tesis fundacionales se estandarizaron.

En un artículo dirigido a la comunidad académica argentina, hemos enfatizado las omisiones de los historiadores argentinos y los mapas que se difunden en las escuelas de ese país, para proponer una revisión de esos gráficos. A su vez, en el presente artículo, dirigido a la comunidad chilena, hemos enfatizado el mismo proceso pero el revés. Esperamos haber contribuido, de esta manera, a un mejor diálogo transversal entre las tradiciones historiográficas de ambos países.

CUADRO II
ESTANDARIZACIÓN DE LA TEORÍA DE “CHILE FANTÁSTICO”
EN LOS TEXTOS ESCOLARES CHILENOS
(1950-1990)


Nivel Autor Título Editor Año Aprobación

Básico Clara Díaz y Historia y Geografía Arrayán 1988 Res. 207 DIFROL,
Liliana Domínguez 7º Año Básico 23-8-1988
Germán Palacios Ríos Atlas Histórico de Chile Santillana 1981 Res. 50 DIFROL
Segundo ciclo de ense- 24-2-1981
ñanza básica
Medio Oscar Kaplan Geografía de Chile. 1956 Decreto 10.630
Texto auxiliar para la ense- Ministerio de
ñanza del ramo de Geografía Educación
de Chile en los liceos fiscales 11-11-1954
del país
Francisco Frías Historia y Geografía Nascimento 1960 S/D
Valenzuela Primer ciclo de humanidades
Sergio Villalobos Historia de Chile Universitaria 1984 S/D
3º Medio
Gonzalo Vial y Historia y Geografía de Chile Santillana 1984 Res. 48 DIFROL,
Adriano Rovira 4º Medio 13-2-1985
Preuni- Sergio Villalobos y Historia y Geografía Universitaria 1989 Res. 1654 DIFROL
versitario Pilar Aylwin Prueba de Ingreso a las 23-8-1989
Universidades.
Ayuda de Memoria para
estudiantes de educación
media y postulantes a la A.A.
Gerardo Sanhueza Historia y Geografía de Chile Publicaciones 1987 Of. Ord. Nº L-752,
Lo Castillo DIFROL 26-5-1987
Preuni- Jaime Etchepare Jensen Historia de Chile Editorial de 1984 Res. 214 DIFROL,
versitario Mario Valdés Prueba de conocimientos Universidad 24-7-1984
Urrutia específicos. Programa Concepción
de Estudio Independiente

Fuente: elaboración propia.

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Notas

  1. Yofre, Juan Bautista. Misión Argentina en Chile (1970-1973). Los registros secretos de una difícil gestión diplomática. Buenos Aires, 2000, 65-66.
  2. Lacoste, Pablo. Frontera e imagen del vecino: Argentina y Chile (1534-2000). Tesis doctoral. Doctorado en Estudios Americanos, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile, 2001.
  3. Díaz de Guzmán, Rui. Historia Arjentina del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata” (1612). Primera edición: Buenos Aires, 1835. Segunda edición: Colección Pedro de Angelis, Buenos Aires, 1969, tomo I, 259; Parish, Woodbine. Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata. Desde su descubrimiento y conquista por los españoles (1852). Buenos Aires, 1958, 96.
  4. Díaz de Guzmán, o.c., 234-235 y 261-262; Parish, o.c., 95-97.
  5. Parish, o.c., 97.
  6. Parish, o.c., 97-98.
  7. El virrey del Perú pretendía el cargo de gobernador del Río de la Plata para un cortesano de su confianza. Por ello cuestionó los títulos de Vera y Aragón, y se negó a reconocerlos. Esta situación era bastante compleja porque la Gobernación del Río de la Plata era parte del Virreinato del Perú. Y ya se había comenzado a establecer la tradición por la cual el Virrey era quien designaba al gobernador del Río de la Plata. Esto era lo que había sucedido, por ejemplo, con Ortiz de Zárate. Pero su sucesor no contaba con el beneplácito del virrey Toledo, lo cual complicaba la situación. Cuestionada su legitimidad por parte de la máxima autoridad de la región (el virrey), Vera y Aragón consideró que en caso de viajar a Asunción directamente, se encontraría con serios problemas de gobernabilidad. Ante estas circunstancias, resolvió viajar a España para obtener del Rey la confirmación de sus títulos. Parish, o.c., 97.
  8. Parish, o.c., 98-99.
  9. Acta Fundacional de la ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 1580. Reproducida completa en Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de límites entre Chile y la República Argentina. Santiago, tomo 1, 1879; tomo 2 y tomo 3, 1880; tomo 2, 96-100.
  10. Idem, 99.
  11. Vera y Aragón permaneció largos años en España, sin hallar solución a sus problemas. Concretamente, la Corona se negó a revalidar sus títulos. Al percibir que todos sus esfuerzos se estrellaban ante la negativa real, resolvió entonces regresar a América y defender sus derechos. Por fin, llegó a Asunción para asumir el cargo de gobernador en 1587, es decir, 11 años después de la muerte de su antecesor, Juan Ortiz de Zárate. Una vez en funciones tomó diversas iniciativas para consolidar su jurisdicción. En este marco impulsó la fundación de la ciudad de Corrientes (1588). Luego regresó a España, para reiniciar sus gestiones. Volvió al Alto Perú en 1591, y allí tomó conocimiento que había perdido el título de adelantado. El problema fue que durante su gestión de gobernador, Vera y Aragón había nombrado varios parientes en cargos importantes. Esta era una práctica ampliamente difundida en el imperio español de esos años. Pero sus adversarios consideraron que esta era la oportunidad para dar el golpe de gracia contra Vera y Aragón. La Real Audiencia le inició un pleito por nepotismo. Como resultado, el cabildo lo destituyó. Vencido, Vera y Aragón se retiró, tras dejar en su lugar a su sobrino Alonso de Vera como teniente de gobernador.
  12. Cédula del 15 de mayo de 1669. Citada en Trellez, Ricardo. “Los límites australes de la República Argentina”. Revista del Río de la Plata, Buenos Aires, tomo 8, número 30, 1874. (respuesta al oficio de Adolfo Ibáñez del 7 de abril de 1873), Quesada, Vicente. Las Tierras Australes del continente americano. Buenos Aires, 1875, 556-557); y Amunátegui, o.c., tomo 3, 168-177.
  13. Real Cédula del 21 de mayo de 1684. Citada en De Angelis, Pedro de. Los derechos de soberanía y dominio de la Confederación Arjentina a la parte austral del continente americano, comprendida entre las costas del Océano Atlántico y la Gran Cordillera de los Andes, desde la boca del Río de la Plata hasta el Cabo de Hornos, inclusa la isla de los Estados, la Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes en toda su extensión. Buenos Aires, 1852 IX-X; en Amunátegui, o.c., tomo 3 265-266.
  14. Recopilación de las Leyes de Indias, ley 12, título 15, libro 2; citada en Amunátegui, o.c., tomo 3, 160.
  15. Instrucción que debe observar el Teniente Coronel don Francisco Hurtado, gobernador intendente de la Isla de Chiloé y adyacentes. Documento de 19 artículos, firmado por José de Gálvez en Aranjuez, 20 de mayo de 1784. Archivo General de Indias, Audiencia de Chile, 218. Reproducido completo en Donoso, Ricardo. El marqués de Osorno. Santiago, 1941, 450-454.
  16. Francisco Hurtado. Padrón General de la Provincia de Chiloé. Citado en Donoso, o.c., 325.
  17. Urbina Burgos, Rodolfo. Las misiones franciscanas en Chiloé a fines del siglo XVIII: 1771-1800. Valparaíso, 1990, 3; Urbina Burgos, Rodolfo. “La Intendencia de Chiloé y los conflictos del gobernador-intendente Francisco Hurtado: 1784-1789″. Revista de Historia y Geografía Nº 154, Santiago, 1986.
  18. Mapa “Descripción del Obispado de la Concepción y derrotero general de la visita que hizo el s. Presidente Dn. Joseph Atanzo de Velazco, el camino colorado es la derrota que hizo el dicho Presidente“. Por el sur, la jurisdicción llega a los ríos Ñuble y Livio. Archivo Americano José Toribio Medina, P2- A44.
  19. Barros Arana, Diego. Historia Jeneral de Chile. Santiago, 1886, tomo VI, 458.
  20. Bando 14 de junio de 1786, sobre establecimiento de la intendencia en el Reino de Chile. Archivo Nacional (Chile), Real Audiencia, volumen 571, fs. 24-47.; Real Orden del 6 de febrero de 1878 y derivadas, Archivo Nacional de Chile, Capitanía General, volumen 736, fs.103-105. Cobos Noriega, María Teresa, La división político administrativa de Chile, 1541-1811. Valparaíso, 1989; Cobos Noriega, María Teresa, “Notas para el estudio de la intendencia en Chile indiano”. Revista de Estudios Históricos Jurídicos, Valparaíso, 1986. Cobos Noriega, María Teresa. “El régimen de intendencias en el reino de Chile. Fase de implementación. 1786-1787″. Revista Chilena de Historia del Derecho, Santiago, N° 7, 1978.
  21. “El Rey se ha servido aprobar el establecimiento de intendencias de Exercito y Provincia en ese Reyno en los términos que lo han verificado el Virrey y Superintendente Subdelegado del Perú, y el nombramiento que han hecho en V.S. para Superintendente Subdelegado del Pro Reyno de Chile e Intendente de la Provincia de Santiago con absoluta independencia del Perú, y el que también han hecho para Intendente de la Provincia de Concepción en Dn. Ambrosio Higgins”. El Prado, 6 Febrero de 1878. Firmado: Sonora. Al señor Presidente de la Real Audiencia de Chile. Archivo Nacional de Chile, Capitanía General, volumen 736, fojas 28.
  22. Tras dar cuenta de la organizaciones de las Intendencias de Santiago y Concepción, Barros Arana señalaba lo siguiente: “Quedaban por resolver otros puntos sobre los cuales se creyó conveniente recoger nuevos informes. Era el primero si convenía crear otra intendencia en Chile, cuya capital habría sido la ciudad de la Serena. El segundo era referente a lo que debería hacerse con la provincia i archipiélago de Chiloé, si convenía crear allí otra intendencia, i si ésta quedaría dependiente del gobernador de Chile o del virrei del Perú. Retardado el despacho de estos negocios por diversos accidentes, i sobre todo por las dilaciones ordinarias en la complicada administración colonial, quedaron subsistentes aquellas divisiones, esto es, ni se formó la intendencia de Coquimbo, ni se incorporó a la capitanía jeneral de Chile la apartada provincia de Chiloé, que se mantuvo dependiente del virrei del Perú. La plaza de Valdivia, en cambio, quedó sometida al presidente de Chile; pero su gobernador, como el de Valparaíso, era nombrado directamente por el rei”. Barros Arana, Diego. Historia Jeneral de Chile. Santiago, 1886, tomo VI, 459.
  23. En su difundida obra, el autor explica este proceso en los siguientes términos “El monarca comisionó al Virrey del Perú, don Agustín de Jauregui y al visitador don Jorge de Escobedo, para implantar el nuevo régimen en el Perú y en Chile. Dividieron al virreinato en 7 intendencias y 52 partidos; y solicitaron de Benavides y del regente Alvarez de Acevedo informes sobre la mejor manera de efectuar la división de la capitanía general. De acuerdo con el parecer de estos funcionarios, Chile quedó dividido en dos intendencias: la de Santiago, con los partidos de Copiapó, Huasco, Coquimbo, Cu-Cuz, Quillota, Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Melipilla, Rancagua, Colchagua y Maule; y la de Concepción con los de Cauquenes, Chillán, Itata, Rere, Laja, Puchacay y Concepción. Quedaron para resolverse más tarde algunas dudas que se habían suscitado: ¿convenía o no crear una tercera intendencia en Coquimbo?; ¿se erigía otra intendencia en Chiloé o se dejaba al archipiélago dependiendo directamente del virrey, como estaba desde 1777? La plaza de Valdivia continuó bajo la jurisdicción del gobernador de Chile”. Encina, Francisco. Historia de Chile. Desde la prehistoria hasta 1891. Santiago, 1952, 2a edición, tomo IV, 643.
  24. “La documentación intendencial señala como límites de la Presidencia-Gobernación los siguientes: por la parte norte, el despoblado de Atacama y por el sur las márgenes del Bío-Bío. La jurisdicción de las dos nacientes intendencias de provincia abraza los respectivos deslindes de sus obispados, entendidos éstos desde el partido de Atacama (sujeto a la Intendencia de Potosí del virreinato del Plata) hasta la Frontera, el antemural contra los infieles; la superficie total de Chile se computa en 410 leguas, “no pasando de 50 (leguas) las de su latitud del oeste al este”. La divisoria entre ambas intendencias es el Maule”. Cobos Noriega, María Teresa. El régimen de intendencias en el reino de Chile. En: Revista Chilena de Historia del Derecho, Santiago, Universidad de Chile, N° 7, 1978 99. Esta autora conocía de la existencia de la erección de la Intendencia de Chiloé en 1784, pero no prestó mayor atención a sus jurisdicciones territoriales. En su obra “La división político-administrativa de Chile, 1541-1811″, apenas dedica unas líneas para mencionar los documentos emitidos por la Corona para crear esta Intendencia, y luego, su degradación a gobernación en 1798 ( 34 y 162).
  25. Donoso, o.c., 316.
  26. Decreto de repoblación de Osorno, 13 de enero de 1796. Reproducido completo en Donoso, o.c., 320.
  27. Idem, ibid.
  28. La flexibilidad de la Corona con relación a la jurisdicción de Osorno resultó de gran eficacia. Higgins se ocupó permanentemente de velar por el progreso de la ciudad, promovió la llegada de nuevos colonos incluyendo algunos artesanos de origen británico. También impulsó la construcción de caminos entre Valdivia y Osorno y entre esta y Chiloé. Además tomó una decisión notable: dispuso que el Real Situado, en vez de mandarse a Valdivia en especie, se enviara en metálico a los efectos de cortar los abusos y promover el comercio y la producción agrícola y ganadera entre los tres polos (Chiloé, Valdivia y Osorno). El virrey envió 21.000 pesos de Real Hacienda a Osorno para obras públicas, fundamentalmente para la construcción de caminos. Como resultado de estas medidas, Osorno logró consolidarse y salir adelante. En 1796 ya había cien casas; al año siguiente llegaron nuevas familias chilotas y se abrió una escuela de primeras letras. La agricultura floreció, especialmente con la producción de papas y trigo. A partir de la manzana, tan abundante en los bosques del lugar, se comenzó a fabricar sidra. En 1799 quedó abierto el camino de Valdivia a Chiloé. En ese momento la población superaba los 1.000 habitantes. Se efectuaron viajes de exploración por el lago Llanquihue y la laguna Puyehue. Donoso, o.c., 363-373.
  29. Blancpain, Jean-Pierre. Los alemanes en Chile (1816-1945). Santiago, 1994.
  30. Navarro Floria, Pedro. Ciencia y Política en la Región Norpatagónica: el ciclo fundador (1779-1806). Temuco, 1994, 26-27.
  31. Barne, Jorge. Viaje que hizo el San Martín desde Buenos Aires al puerto de San Julián, el año 1752: y del de un indio paraguayo, que desde dicho puerto vino por tierra hasta Buenos Aires. En: Colección Pedro de Angelis, Buenos Aires, 2a edición, 1969, tomo IV, 66-101.
  32. Navarro Floria, Pedro. Ciencia y Política…. o.c. 30.
  33. Navarro Floria, Ciencia y Política… o.c., 30.
  34. Higgins, Ambrosio. Descripción del Reyno de Chile, sus productos, comercio y habitantes; reflexiones sobre su estado actual, con algunas preposiciones relativas a la reducción de los indios infieles, y adelantamiento de aquellos dominios de su Majestad. Madrid, septiembre 2 de 1767. Reproducido completo en: Donoso, o.c., 1941, 430-444. El texto citado se encuentra en página 439.
  35. “Una colonia en la boca de este río (Negro) sería mucho más conveniente para las naos que navegan hacia el mar del Sur, que la de Buenos Aires, porque en este puerto un navío puede estar detenido quince días, y hasta un mes, sin pode salir a causa de los vientos contrarios, y aun así solo cuando el agua es tanta que le permita salvar los bajíos de los bancos; y salvados todos estos inconvenientes aún le queda viaje de una semana hasta ponerse a la altura de la bahía Sin Fondo; siendo que en el mismo tiempo un navío podría salir de esta bahía, doblando el cabo de Hornos, y entrar en el mar del Sur. Si a una nación cualquiera se le antojase poblar esta tierra sería asunto de tener a los españoles en continua alarma, porque desde el tal puerto se podrían despachar expediciones al mar del Sur para destruirles los puertos de aquella banda, muchos antes de que el propósito o intención pudiese llegar a conocimiento de la España, o aun de los de Buenos Aires. Más aún: hasta podría descubrirse una vía más corta por medio de la navegación del río hasta cerca de Valdivia en chatas. Muchas tropillas de los indios del río, que son los más fuertes de todas estas naciones, se enrolarían por amor al botín; y de este modo sería fácil tomar la guarnición de Valdivia, que llevaría como consecuencia lógica la caída de Valparaíso, fortaleza de mucho menos importancia: la posesión de estas dos plazas aseguraría la conquista del fértil reino de Chile. Una colonia en este lugar sería mucho más practicable que en las islas Malvinas, o en los puertos Deseado y San Julián; porque hay cantidad de leña y agua, y campo bueno para la agricultura, capaz de sostener bien a sus pobladores”. Falkner… o.c., 112.
  36. Sá y Farías, Custodio. Informe sobre el Puerto de San José (1779). En: Colección Pedro de Angelis, 2a edición, Buenos Aires, 1969, tomo IV, 177-183.
  37. Navarro Floria, Ciencia y Política… o.c., 37.
  38. Referencia personal al autor.
  39. Idem, 37-38.
  40. Luiz, María Teresa y Schillat, Monika. Tierra del Fuego. Materiales para el estudio de la Historia Regional. Ushuaia, 1997, 61-64.
  41. Idem, ibid.,
  42. Informe de D. Basilio Villarino, piloto de la Real Armada, sobre los puertos de la costa patagónica (1782). En: Colección Pedro de Angelis, 2a edición, Buenos Aires, tomo IV, 1969, 220-229.
  43. Navarro Floria, Ciencia y Política… 41.
  44. Vértiz, Juan José. Informe del virrey Vértiz para que se abandonen los establecimientos de la costa patagónica. Montevideo, 22 de febrero de 1783. En: Colección Pedro de Angelis, 2a edición, Buenos Aires, tomo IV, 1969, 229-238.
  45. Idem, ibid.
  46. Idem, ibid.
  47. Idem, ibid.
  48. Navarro Floria. Ciencia y Política… o.c. 50.
  49. Encina, Francisco. Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891. Santiago, Nascimento, 1940-1952, 20 tomos.
  50. Encina, Francisco. La cuestión de límites entre Chile y la Argentina desde la Independencia hasta el Tratado de 1881. Santiago, 1959.
  51. Irarrázabal Larraín, o.c.
  52. Errázuriz Guilisasti, Octavio y Carrasco Domínguez, Germán. Las relaciones chileno argentinas durante la presidencia de Riesco, 1901-1906. Santiago, 1968.
  53. Eyzaguirre, Jaime. La soberanía de Chile en las tierras australes. Santiago, 1958, 19.
  54. Contando únicamente el tomo II de esta obra, Encina aparece citado en diez oportunidades.
  55. Kaplan, Oscar. Geografía de Chile. Santiago, 1956, 8-12. Esta obra fue autorizada por el Ministerio de Educación como “texto auxiliar para la enseñanza del ramo de Geografía de Chile en los liceos fiscales del país” (Decreto 10.630, del 11 de noviembre de 1954).
  56. Frías Valenzuela, Francisco. Historia y Geografía (Primer Ciclo de Humanidades). Santiago, 1957, tomo II, 180.
  57. Frías Valenzuela, Francisco. Historia y Geografía (Primer Ciclo de Humanidades), 11 edición: Santiago, 1960, tomo III, 345.
  58. Croquis titulado Focos y avances de la emancipación americana. Díaz, Clara y Domínguez, Liliana. Historia y Geografía 7º Año Básico. Santiago, 1988-89.
  59. Palacios Ríos, Germán. Atlas Histórico de Chile. Santiago, 1981.
  60. El primero de estos croquis representa la Gobernación de Pedro de Valdivia y Francisco de Villagra, cuyo territorio tenía un ancho de 100 leguas desde el Pacifico hacia el oriente. El mapa no menciona fuentes. Además, el dibujante decidió por su cuenta y riesgo ampliar el territorio de la gobernación de Chile de 100 a 150 leguas de ancho. En ningún lugar se explica en qué documento la Corona otorgó 50 leguas más de ancho a la gobernación de Chile (idem, 59). El segundo croquis se titula Límites de Chile en 1810. Admite que Cuyo pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Pero desde el río Diamante hacia el sur, el gráfico insiste en atribuir 150 leguas de ancho al Reino de Chile, abarcando la totalidad de la Patagonia argentina (idem 61). Finalmente, el tercer gráfico, titulado Chile después de la guerra del Pacífico, vuelve a ampliar el territorio chileno. Incluye a Cuyo dentro de Chile, y engloba esta zona junto con la totalidad de la Patagonia dentro de un espacio, al cual llama “Territorio Patagónico y Tierra del Fuego cedidos a Argentina según tratado 23 julio 1881″. El autor no explica cómo hizo Chile para obtener títulos sobre Cuyo entre 1810 y 1881 (idem 63). A pesar de estas graves falencias históricas y geográficas, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, por Resolución Nº 50 del 24 de febrero de 1981, dio por “autorizada su circulación en cuanto a los mapas y citas que contiene esta obra, referentes o relacionadas con los límites internacionales y fronteras del territorio nacional”.
  61. Croquis titulado Los nuevos estados hispanoamericanos. Villalobos, Sergio. Historia de Chile. 3º Medio. Santiago, 1984, 122.
  62. Croquis publicado en Vial, Gonzalo y Rovira, Adriano. Historia y Geografía de Chile para 4º año de educación media. Santiago, 1984, 40.
  63. “Autorizada su circulación en cuanto a los mapas y citas que contiene esta obra, referentes o relacionados con límites internacionales y fronteras del territorio nacional, por Resolución Exenta nª 48 del 13 de febrero de 1985 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”. (idem, 2).
  64. “Chile colonial era mucho más ancho que el Chile actual porque pertenecían a nuestro país los territorios de Tucumán, Cuyo y la Patagonia. Estos territorios fueron segregados: en 1563 cuando se creó la Audiencia de Charcas se le incorporaron también los territorios del Tucumán; en el año 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, se le segregaron a Chile los territorios de Cuyo, y, finalmente, como resultado de la aplicación del Tratado de 1881, nuestro país cedió los territorios de la Patagonia”. Sanhueza, Gerardo. Apuntes preuniversitario. Historia y Geografía de Chile, Santiago, 1987, tomo 4, 118-119.
  65. En este libro se incluyen dos croquis bajo el título Configuración de las fronteras chilenas entre los siglos XVI y XVIII. En ellos se señala que en la época colonial Chile tenía un ancho de 150 leguas, y abarcaba la totalidad de la Patagonia. Se indica que el Tucumán fue segregado en 1563 y Cuyo en 1776. Pero se asegura que todo el resto de ese espacio, al este de la cordillera, permaneció dentro del Reino de Chile hasta 1810. Etchepare Jensen, Jaime y Valdés Urrutia, Mario. Historia de Chile. Programa de Estudio Independiente. Universidad de Concepción. 1984 tomo I, 94. Más adelante se reproduce el croquis diseñado por Jaime Eyzaguirre (1967) y reproducido por Barros van Buren (1970), en el cual se aseguraba que todo el territorio argentino, al sur del río Diamante, pertenecía a Chile en 1810 (idem, tomo I, 138). Otro tema interesante es la forma de enseñar el proceso de instalación de las intendencias en Chile: en un ejercicio de evaluación, se formula la siguiente consigna, para contestar entre cinco alternativas: “Las intendencias establecidas en Chile a fines del siglo XVIII fueron las de:

    A-Santiago y Valparaíso

    B-Santiago y Valdivia

    C-Santiago y Concepción

    D-Santiago, Maule y Concepción

    E-Copiapó, Santiago, Maule y Concepción.

    El texto no tenía en cuenta que en 1784 se había creado la intendencia de Chiloé. Por lo tanto, ninguna de las opciones permitía elegir la respuesta correcta. De todos modos, los autores consideraban que la respuesta correcta es la primera. (idem, 120 y 132).

    A pesar de estas inexactitudes tanto de historia interna como de fronteras, este libro fue evaluado positivamente por las autoridades competentes y resultó “Autorizada su circulación por Resolución Nº 214 del 24 de julio de 1984 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”.