Por omisión suele considerarse a la estatalidad como la capacidad legal del Estado para suministrar bienes y servicios. Esta forma de entender la estatalidad supone que ella está estructurada por el derecho sancionado. Sin embargo, ejemplos pasados y presentes muestran que dicha capacidad legal suele apoyarse en prácticas que bien pueden definirse como ilegales y que cualquier medición de ‘estatalidad’ debería tomar en cuenta. Tomando como ejemplo el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires propondré la noción de estatalidad híbrida, esto es, una comprensión de la estatalidad que considera la capacidad del Estado para operar ilegalmente. Este breve artículo aborda los condicionamientos institucionales y presupuestarios así como la cuestión sobre el origen de los recursos ilegales en los que se basa la actuación policial.